Las modificaciones introducidas a la “Ley de Medios” facilitan la concentración y regulan los contenidos que los medios pueden emitir.
De forma inconsulta, el gobierno de Luis Lacalle Pou logró aprobar en el Senado una serie de modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que facilitan la concentración mediática y establecen la regulación de los contenidos que los medios pueden emitir. La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) rechazan esta medida y advierten que constituye una violación a la Ley de Libertad de Prensa.
El martes 14 de mayo el Senado de Uruguay aprobó, con los votos de la mayoría que conforman la coalición de gobierno, una “ley de medios” que consagra aún más la concentración en las grandes empresas nacionales al tiempo que posibilita que capitales extranjeros adquieran licencias. de televisión y radio.
Esta concentración implica desandar la normativa de defensa de la libertad de expresión consagrada en estándares iberoamericanos, profundizar la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación. Paralelamente se reduce, cuando no se elimina, la participación social. En suma, se vulnera parte de los derechos humanos de la ciudadanía.
Con dicho proyecto queda severamente cuestionada la transparencia, la democracia y la defensa de la cultura, en suma, la soberanía del país. Paralelamente se reduce, cuando no se elimina, la participación social.
En el texto se establece expresamente que “los servicios de difusión regulados por la presente ley, tienen el deber de brindar a los ciudadanos, información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones, de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. entre los actores políticos y respecto a los mismos”.
Agrega que esta obligatoriedad regirá para “todos los programas y espacios en que se emiten análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral”.
La ley elimina el pago que los grandes medios debían efectuar por el uso de las frecuencias. Quedan por el camino los mecanismos que permitían defender los derechos del público, por ejemplo en cuanto a contenidos y desaparecerán definitivamente las exigencias de producción nacional.
Desde FEPALC y FIP advertimos que esto constituye una preocupante violación a la Ley de Libertad de Prensa que responde a convenios internacionales suscritos previamente por el Estado uruguayo.
