Media Pluralism Monitor: las principales amenazas al pluralismo en España requieren cambios sustanciales en el sistema de medios y sus modelos de negocio.
El Media Pluralism Monitor es un proyecto de investigación que evalúa la salud de los ecosistemas mediáticos en Europa y destaca las amenazas al pluralismo y la libertad de prensa en los Estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos. Su nuevo estudio Media Pluralism Monitor 2024 es la séptima implementación del estudio en el ámbito de la UE.
En la parte del estudio respecto al estado de la derecho a la información de la ciudadanía en España, señala en su resumen: “El pluralismo mediático en España se categoriza actualmente como de riesgo medio en general, con la excepción del área de Pluralidad del Mercado, que se clasifica como de alto riesgo. Otras dimensiones mantienen niveles de riesgo estables, aunque la Inclusión Social crece al 61% (7 puntos en comparación con el año pasado). Las libertades y el pluralismo mediático en España han sido relativamente estables en los últimos años, aunque ha habido un ligero aumento en los riesgos para la diversidad mediática debido al impacto de la Covid-19 y a ciertas leyes y regulaciones promulgadas en años anteriores que han supuesto amenazas para la libertad de expresión y las condiciones laborales de los profesionales de los medios. Aunque los efectos inmediatos de la Covid-19 se han abordado en gran medida, el marco legal y profesional no ha visto progresos o retrocesos significativos, dejando a España en un estado de equilibrio de riesgo medio.
Las próximas conclusiones destacarán que algunas de las principales amenazas al pluralismo mediático son sistémicas, lo que significa que abordarlas requeriría cambios sustanciales en el sistema de medios y sus modelos de negocio. La aplicación y los efectos de la política de medios de la UE (Ley de Libertad de los Medios y Ley de Servicios Digitales) aún están por verse a nivel práctico.
La situación respecto a la libertad de expresión y la profesión periodística muestra poca o ninguna mejora, manteniéndose en un nivel de riesgo medio, con casos notables de arrestos de periodistas y la prevalencia de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs), destacando los desafíos continuos para la libertad de los medios. Como en años anteriores, la legislación como la Ley 4/2015 de 30 de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (comúnmente conocida como Ley Mordaza), no ha sido enmendada ni derogada, por lo que las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa permanecen, a pesar de las supuestas intenciones gubernamentales de reforma.
Además, la clasificación de España en el Índice Anual de Libertad de Prensa ha caído, reflejando problemas persistentes con las condiciones laborales de los periodistas. Mientras tanto, la independencia y efectividad de la autoridad reguladora de los medios de comunicación ha mejorado, atribuible al aumento del presupuesto y la adhesión a los estándares europeos para los reguladores de medios. Sin embargo, las preocupaciones sobre la estabilidad futura de esta financiación sugieren posibles riesgos para su efectividad continua. Además, creemos que el procedimiento de nombramiento de la autoridad de reguladora debería ser más estricto.
En el apartado de Recomendaciones que se insertan en las conclusiones del estudio, en el que ha colaborado la FeSP, se señalan las siguientes:
El procedimiento de nombramiento de la autoridad reguladora de los medios debe garantizar su independencia política.
La coalición de gobierno debería promover e implementar cambios en las leyes actuales que ponen en peligro la libertad de expresión e información, como la Ley 4/2015 de 30 de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Los periodistas necesitan mayor protección, tanto a nivel económico como personal, para evitar presiones e influencias, así como ataques físicos y acoso. Tanto el gobierno como las asociaciones de periodistas deben abordar estos problemas a través de la regulación y la facilitación de mecanismos y procedimientos de recurso.
Existe una necesidad general de mejorar los salarios y las condiciones económicas, así como de fortalecer los sindicatos y organismos de autorregulación existentes. En este sentido, diferentes actores (gobiernos nacionales y regionales, instituciones mediáticas y organizaciones periodísticas) deben trabajar juntos para implementar cambios en las condiciones laborales de los periodistas.
Adoptar mecanismos legislativos para garantizar la transparencia de la propiedad de los medios y la situación financiera, con la obligación de publicar datos fiables.
Controlar la concentración mediática, tanto en audiencia como en ingresos publicitarios.
Fortalecer el poder de las organizaciones autorreguladoras y los grupos profesionales para resistir más eficazmente las influencias políticas y económicas en los medios privados.
Garantizar la autonomía política de las entidades de radiodifusión de servicio público, especialmente importante en relación con la radiodifusora pública nacional, RTVE, pero también a nivel regional y local. Esto solo puede lograrse a través de cambios en las actitudes de los partidos políticos.
Aprobar legislación para una mejor regulación de la publicidad política en línea.
España debe reconocer legalmente la existencia de minorías. Este nuevo marco legal debe aumentar y normalizar la presencia y representación de la diversidad en todas las áreas analizadas, tanto en los medios privados como públicos y en las plataformas de video en streaming.
Existe un estancamiento en todo lo relacionado con la igualdad de género en los medios. Es esencial asegurar la implementación efectiva de la legislación existente. Esto debe resultar en una presencia más equitativa de mujeres en posiciones gerenciales, la eliminación de la brecha salarial existente y una representación equilibrada y no estereotipada de las mujeres en las noticias.
Mejorar las iniciativas prácticas para contrarrestar la desinformación y el discurso de odio en línea. Explicar más y mejor el discurso de odio. Exponer a sus promotores al público, especialmente cuando involucre a figuras públicas o publicaciones en pseudo-medios. Promover nuevas y mejores medidas de alfabetización mediática. Promover y facilitar medios de denuncia legal.”
Estudio completo de España: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/77018/espan%cc%83a_results_mpm_2024_spanish_cmpf.pdf?sequence=3&isAllowed=y
