El amedrentamiento a la prensa con herramientas jurídicas es una estrategia de disuasión, desgaste y censura que utilizan tanto los Estados como las grandes empresas.
En América Latina y el Caribe la utilización del SLAPP para amedrentar al periodismo de investigación es una práctica de las Administraciones y las grandes empresas que avanza cada día y está dañando la vida, el trabajo y el patrimonio de los/as trabajadores de prensa.
Así lo afirma un informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece la FeSP, en el cual informa:
En Brasil dos casos muy recientes demuestran como la justicia puede operar en desmedro de los/as periodistas. Rubens Valente, experimentado periodista de investigación, publicó en 2008 el libro «Operação Banqueiro» (Operación Banquero) -reportaje sobre Daniel Dantas, el banquero detenido en 2008 por nombrar a Gilmar Mendes, ministro del tribunal. Valente fue demandado por “daño moral” por el integrante del Poder Judicial y si bien en primera instancia el fallo fue favorable al periodista, ya que la investigación es veraz, Mendes triunfó en su apelación a los tribunales superiores y obtuvo una indemnización de R$ 143.000, que Valente pagó con todos sus ahorros.
Además sentó un grave antecedente jurídico de censura “legal” al condenar a la editorial a incluir en el texto la demanda de 200 páginas y el fallo jurídico si el libro es reeditado, lo que multiplica los costos. Como también el caso de Juliana Dal Paiva complica severamente las condiciones de los y las periodistas brasileros al multarla con R$10.000 por la difusión de las conversaciones “privadas” con Frederick Wassef, abogado del presidente Jair Bolsonaro.
En un fallo incongruente, el juez Flavio Coimbra Junqueira reconoció las amenazas como daños morales y condenó a Wassef a responder por la misma suma de R$10.000. Como manifestó la Federación Nacional de Periodistas a través de la Comisión Nacional de Mujeres Periodistas en este comunicado “la conversación entre el periodista y el abogado de Bolsonaro fue motivada por una investigación periodística.
Por ello, Wassef respondió, en su calidad de personaje público, con un interrogatorio que intentaba intimidar a la reportera. En este caso, Dal Piva tiene derecho a divulgar el mensaje porque estaba desempeñando su función de reportera.” La difusión de mensajes que prueban amenazas es, además, la herramienta fundamental que tienen los trabajadores de prensa para resguardar su seguridad.
Tras aportar prácticas de SLAPP similares en Uruguay, El Salvador, Perú y Argentina; la FIP señala que “la persecución judicial suele una herramienta del poder político y económico, que utiliza sus resortes y esquemas de contactos para sostener sus privilegios en desmedro de los intereses colectivos y del derecho de los pueblos a la información. En línea con asegurar y defender las garantías necesarias para que los y las periodistas puedan ejercer su profesión, la FIP expresa su preocupación por el incremento de la judicialización a la prensa y está alerta ante posibles leyes que podrían condicionar aún más el ejercicio de la libertad de expresión”.
