FEX-ALC y otras redes regionales de defensa de la libertad de prensa expresan su preocupación y oposición a la nueva ley de Luis Lacalle.
Más de cuatro años después de que el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou propusiera derogar la ley de medios “hiperregulatoria”, Uruguay ha dado un importante paso atrás en materia de libertad de expresión.
Así lo consideran la organizaicón IFEX-ALC, junto con otras redes regionales de defensa de la libertad de expresión, han expresado su firme preocupación y oposición a la nueva ley.
La ley revisada, que excluye a los medios digitales, ha reducido el número de artículos a la mitad. Se han eliminado términos como “monopolio” y “oligopolio” , así como la designación del espectro radioeléctrico como “patrimonio común de la humanidad”. En su lugar, un nuevo artículo ordena que los medios proporcionen información política “imparcial”, “seria” y “equilibrada”.
Según la organización local Cainfo , miembro de IFEX , “esta reforma representa un retroceso significativo en materia de derechos humanos, al establecer un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión”. Entre sus consecuencias están “la mayor concentración de los medios, la legalización de contextos oscuros para varios grupos mediáticos, la promoción de la propiedad extranjera de los medios y la eliminación de la participación pública y el control ciudadano en la asignación de frecuencias”.
En un comunicado firmado por IFEX-ALC y otras redes regionales de defensa de la libertad de expresión, se destacó que este hecho se produce en un contexto electoral, a menos de cinco meses de las elecciones generales para elegir un nuevo gobierno, lo que plantea consecuencias negativas para el debate democrático, el acceso a la información de calidad y el libre ejercicio del periodismo.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había señalado que la reforma “podría implicar censura previa e impactar en la concentración de medios, la transparencia y la participación ciudadana”. Estas organizaciones ven esta legislación un retroceso en materia de derechos humanos y libertad de expresión, dos áreas en las que Uruguay tradicionalmente se ha destacado en relación a sus vecinos de la región.
