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Urgen al Gobierno a que tramite la reforma de la “Ley Mordaza”

La PLI y No Somos Delito, a las que pertenece la FeSP, entre las organizaciones de derechos humanos que le instan a no demorar más las negociaciones de la ley represora del PP.

La Plataforma por la Libertad de Información (PLI), de la cual la FeSP es miembro fundador, y las principales organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos: Amnistía Internacional, Greenpeace,, Ecologistas en Acción, Defender a quien defiende y la plataforma No Somos Delito, a la que también pertenece la FeSP han denunciado que el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, lleva seis años de bloqueo parlamentario y exigen que las negociaciones se desarrollen con prontitud y alineando el texto con los estándares internacionales relativos a la libertad de expresión, información y reunión pacífica.

Así se lo han transmitido a los partidos políticos del Gobierno de coalición y al resto de grupos parlamentarios.

Las entidades insisten en la necesidad de que se retomen las negociaciones para tratar el borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana propuesto por los partidos de gobierno. Asimísmo, coinciden en identificar ocho elementos de especial preocupación:

  •  “Resistencia, desobediencia o negativa a identificarse» (36.6) y «faltas de respeto a la autoridad» (37.4). Estos dos artículos han supuesto más del 70% de las sanciones en materia de seguridad ciudadana entre 2015 y 2019. Ninguno de ellos se modifica en la actual propuesta.
  • No se eliminan las infracciones por publicar imágenes de las fuerzas de seguridad, lo cual vulnera gravemente la libertad de información.
  •  No se establece un mecanismo independiente de supervisión de la actuación policial que entre otras cosas sirva para evitar la arbitrariedad en sus actuaciones.
  •  El acuerdo aparca la prohibición de las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, conocidas como “devoluciones en caliente” y contrarias al derecho internacional, y se limita a derivar la cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería.
  •  No hay una prohibición expresa de las redadas y las identificaciones racistas, por lo que queda abierta la posibilidad de que se sigan produciendo, lo cual contradice las recomendaciones de diferentes organismos internacionales
  •  No se elimina el artículo 36.11, cuya aplicación supone que las mujeres que ejercen la prostitución y víctimas de trata se vean obligadas a ejercer en lugares aislados, expuestas por tanto a mayores peligros de abuso.
  •  Aunque se indica que se deben “utilizar siempre los medios menos lesivos”, no hay una prohibición expresa al uso de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.
  •  Se reconoce el derecho a manifestación espontánea sin comunicación previa, pero se mantiene una sanción a los organizadores en caso de “alteración del orden público”.

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