Presenta una propuesta para modificar la ‘ley mordaza’ en la que se exige que ese «peligro» sea constatable y se detalle en la denuncia.
El diputado Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz del grupo Sumar en materia de Justicia, ha presentado una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana en la que, entre otras medidas, se establece que «la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público o manifestaciones, o su mera difusión» no serán sancionables en general sino, únicamente, cuando concurran unas circunstancias concretas.
La conocida como ley mordaza, vigente desde hace casi nueve años, sanciona en el artículo 36.23 como falta grave, con una multa de entre 601 y 30.000 euros, «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información».
Ese artículo de la ley vigente ha sido utilizado para imponer decenas de miles de multas, entre ellas a periodistas, fotoperiodistas y cámaras de televisión por grabar actuaciones de agentes policiales en desahucios, manifestaciones y otros actos en lugares públicos.
En la propuesta del grupo parlamentario de Sumar se establece que el uso de esas imágenes o datos no necesitará ser autorizado previamente y solo constituirá una falta grave «cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o haya puesto en riesgo el éxito de una operación». «La situación de peligro o riesgo cierto generado deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible. No constituirá infracción penal la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión».
En la exposición de motivos de la proposición de ley se explica que ese artículo de la ley vigente supone «una prohibición, general y preventiva, a la libertad activa y pasiva de información» y con reserva a la autorización policial. Añade que eso no respeta los principios de proporcionalidad y ponderación que exige el Tribunal Constitucional para limitar el derecho a la información.
La proposición de ley recoge todo lo que negociaron en el Congreso en la anterior legislatura PSOE, PNV, Unidas Podemos, ERC, Junts, EH Bildu y BNG. Alcanzaron acuerdos sobre cerca de 40 artículos de la ley (el 95% de lo que querían modificar según ha dicho Enrique Santiago en rueda de prensa), pero finalmente no concluyó porque algunos partidos tenían discrepancias sobre cuatro artículos, entre ellos los referidos al uso de las polémicas pelotas de goma o las llamadas «devoluciones en caliente» de inmigrantes que entraban en España sin documentación, sobre todo por las fronteras de Ceuta y Melilla.
Más información: Sumar resucita en el Congreso la reforma de la ‘ley mordaza’ ante los “ataques a la democracia” de PP y Vox | España | EL PAÍS (elpais.com)
