El Sindicat de Periodistes de Catalunya y el Grup de Periodistes Ramon Barnils emiten un comunicado conjunto criticando los ataques a la publicación.
El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) y el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB) han condenado en un comunicado conjunto las presiones ejercidas contra el periodista Jordi Pascual y el medio elCugatenc a raíz de la publicación de una investigación sobre el coordinador de Junts per Valldoreix, Marc Monells, y la vocal del partido en la Entidad Municipal Descentralizada (EMD), Lluïsa Muñoz, que depende del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona.
La investigación documentaba la instalación de dos casetas de madera sin licencia en una parcela de su propiedad, el alquiler de estos espacios y el voto de Muñoz en una sesión de la EMD de una moción sobre un proyecto de urbanización que afecta su finca.
A raíz de la publicación, Muñoz ejerció su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/1984. El medio publicó la nota sin modificar el artículo original, que es la manera legal y deontológicamente correcta de gestionar este derecho: publicar la versión de la afectada no implica ningún reconocimiento de error ni ningún desmentido de la información publicada. El reportaje se mantiene válido, según las dos asociaciones periodísticas.
Aun así, las presiones no se han quedado aquí. Muñoz ha enviado nuevos requerimientos por correo electrónico y burofax exigiendo la rectificación de noticias posteriores que recogían las reacciones políticas y sociales en la investigación. Las dos organizaciones entienden «que estos requerimientos constituyen un abuso del derecho de rectificación: la ley prevé este mecanismo para enmendar hechos concretos que la afectada considera inexactas y que le causan perjuicio, no para forzar un medio a modificar la cobertura de una información de interés público. Además, uno de los escritos advertía que el medio no tendría que aceptar «nuevas publicaciones de esta naturaleza», una formulación que, en boca de una persona con cargo público, es un intento explícito de limitar el derecho a la información de la ciudadanía, reconocido en el artículo 52 del Estatuto de Catalunya, en el artículo 20 de la Constitución española, y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
Casi una SLAPP
Las referencias reiteradas a posibles acciones judiciales se aproximan a una estrategia SLAPP —pleitos estratégicos contra la participación pública, según sus siglas en inglés—, un mecanismo de intimidación contra periodistas críticos que la Unión Europea (UE) ha reconocido como una amenaza a la libertad de prensa y que la Directiva 2024/1069 busca combatir. El objetivo de estos procesos «no es obtener justicia sino hacer que los periodistas abandonen sus investigaciones o se autocensurin para evitar el coste y el desgaste de un litigio».
A todo esto hay que añadir las declaraciones que Muñoz hizo en la última Junta de Vecinos del EMD, donde acusó a elCugatenc de «carencia de rigor y de ética» y de alinearse con un partido político. Que una cargo público utilice un foro institucional para desacreditar un medio que la ha investigado «es una forma de presión que también rechazamos», afirman SPC y GPRB.
Ante este caso, el SPC y GPRB exigen «que se paren las presiones sobre elCugatenc y el periodista Jordi Pascual», y reafirman «el derecho de los medios a investigar, publicar y mantener sus informaciones sin intimidación política ni judicial».
Se adhieren a este comunicado: ‘Catalunya Metropolitana’, Fundació Periodisme Plural y ‘elCugatenc’.
Crédito imagen: Asamblea de la EMD de Valldoreix. Autor fotografía: Toni Alfaro.
