La defectuosa ley de la Comunicación Audiovisual que padece España permite un nuevo atentado al derecho a la información y comunicación. Blas Herrero se queda con la mayoría de las licencias de TDT en Castilla y León.
El digital eldiario.es informa que el empresario asturiano Blas Herrero, de tardía vocación comunicacional, ha sumado a Kiss FM un paquete importante de medios castellanoleones.
Señala ese medio que el empresario asturiano ha conseguido la adjudicación provisional de licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) local en las nueve provincias de Castilla y León, según ha podido saber elDiario.es.
La Junta de Castilla y León había convocado el concurso en junio de 2019 con 63 licencias y se prorrogó hasta septiembre de 2020 la apertura de ofertas. De las 63 en juego, 39 han quedado desiertas. Kiss Radio SA se hace con licencia en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
El desembarco de Herrero en Castilla y León se produce meses después de que el empresario, apoyado por un grupo de inversores, hiciese una oferta a Prisa para comprar sus medios por una cantidad que rondaba los 150 millones de euros, y que fue desestimada por el consejo de administración y calificada como «impresentable», por considerarla muy a la baja.
Las nuevas licencias que ha otorgado la Junta podrán explotarse durante 15 años. Entre las obligaciones de los adjudicatarios están el cumplimiento del horario mínimo al que se hayan comprometido en su solicitud de participación en el concurso, que establece un mínimo de emisión en todas las demarcaciones de siete horas diarias y cincuenta semanales.
En esas horas mínimas no pueden computar emisiones meramente repetitivas o, en su caso, las consistentes en imágenes fijas, ni los tiempos dedicados a publicidad, televenta y a juegos y concursos promocionales, incluidas las emisiones consistentes en consultas y juegos a distancia en directo con participación del público.
Además, los adjudicatarios están obligados a disponer de los estudios de producción en un municipio del ámbito de cobertura de la demarcación correspondiente a la licencia durante toda su vigencia.
Todo esto es legal y amparado por la nefasta Ley General de la Comunicación Audiovisual que en 2010 pactaron PP y PSOE, entre otros.
