La FeSP pide a las candidaturas que defiendan condiciones laborales y profesionales dignas para que se cumpla el derecho a la información de la ciudadanía.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) se ha dirgido a todas las candidaturas pidiéndoles que defiendan unas condiciones laborales y profesionales dignas para los profesionales de la comunicación con el objetiva que se cumpla el derecho a la información de la ciudadanía.
En el inicio de la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) pide todas las candidaturas que asuman los siguientes compromisos:
1.– Las administraciones públicas municipales y autonómicas adoptarán las medidas necesarias –en el marco de sus competencias– para que los trabajadores y trabajadoras de las empresas informativas dispongan de las mejores condiciones laborales y profesionales para hacer su trabajo, requisito necesario para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución española.
2.– Los medios de comunicación públicos municipales y autonómicos deben ofrecer a la ciudadanía una información veraz, plural e independiente y una programación de calidad. Los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos deben garantizar el derecho a la información, la libertad de expresión y el pluralismo político y social en los medios que dependan de ellos. Igualmente, garantizarán estos derechos constitucionales adecuando sus reglamentos de organización y funcionamiento a la Ley General de Comunicación Audiovisual y demás normas aplicables.
3.– Estos medios se deben regir por organismos designados por mayorías de dos tercios y de acuerdo con criterios de competencia profesional contrastada. La dirección de ellos no tiene que coincidir con la del gabinete de prensa de la administración correspondiente ni dependerá jerárquicamente de ella.
4.– Se constituirá un Consejo de la Comunicación, con representación de los colectivos sociales y culturales más representativos, que asesorará y hará el seguimiento de la programación. De acuerdo con la legislación audiovisual, para nombrar el órgano de gestión es necesario un informe preceptivo de este Consejo sobre la idoneidad, capacidades y méritos de las personas propuestas para los órganos de gestión. Los procesos de selección de personal en los medios públicos de comunicación seguirán normas equivalentes al acceso a la función pública, con transparencia e igualdad de oportunidades, y evitarán utilizar criterios diferentes al de la profesionalidad reconocida para cubrir los cargos directivos.
5.– Los y las profesionales de la información de los medios municipales y autonómicos dispondrán de un Estatuto de Redacción que garantice el libre ejercicio profesional. Este Estatuto será negociado y acordado entre los responsables de los medios y la representación de los y las trabajadores/ras.
6.– Los equipos de gobierno de los entes locales y autonómicos vigilarán para evitar situaciones de precariedad que ponen en peligro la independencia profesional y la calidad del trabajo. Impedirán cualquier abuso en la contratación, salarios, jornadas o utilización de los estudiantes en prácticas para cubrir puestos de trabajo estructurales.
7.– Las administraciones públicas municipales y autonómicas, en sus ofertas de publicidad, subvenciones o cualquier otro tipo de ayuda pública a las empresas de comunicación, tendrán especialmente en cuenta a aquellas que tengan prácticas laborales respetuosas con su personal, tanto el de plantilla como quienes trabajen a la pieza. Esas administraciones deben garantizar la máxima transparencia en la concesión de publicidad y ayudas, y evitarán cualquier discriminación motivada por la línea editorial de los medios.
8.– En periodos de especial trascendencia en la vida política, como las campañas electorales, los entes municipales y autonómicos velarán para que los partidos y agrupaciones que concurran a las elecciones y tengan representación en los plenos eviten cualquier actuación que suponga una pérdida de independencia para los y las informadores/ras. Rechazarán cualquier acuerdo sobre reparto de espacios de información política cronometrada y ordenada en función de los anteriores resultados electorales.
9.– Los procesos de selección de personal en los medios públicos locales y autonómicos seguirán normas equivalentes al acceso a la función pública, con transparencia e igualdad de oportunidades, y evitarán utilizar criterios diferentes del de la profesionalidad reconocida para cubrir los cargos directivos.
10.– Los medios de comunicación municipales y autonómicos están obligados a abrirse a la participación de la ciudadanía, para que ejerza una tarea dinamizadora de la vida pública de la localidad o de la comunidad a través del derecho de acceso a la programación.
11.– Los y las profesionales de la información de estos medios se regirán por la Carta Ética de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y por los manuales de buenas prácticas sobre varias cuestiones que se han elaborado desde entonces: información de género, minorías culturales, sexualidad, menores, migraciones y otros.
12.– Las administraciones públicas locales y autonómicas velarán para que los medios comunitarios sin ánimo de lucro, el Tercer Sector, se puedan desarrollar en igualdad de condiciones a los de propiedad pública o privada. Evitarán cualquier tipo de discriminación en la concesión de publicidad o ayudas a los medios de comunicación en general. Las ayudas que se destinen a estos medios no pueden ir en perjuicio de las dotaciones presupuestarias de los medios de titularidad pública, sino que deben ser entendidas como un enriquecimiento de la pluralidad y de fortalecimiento de los movimientos sociales.
Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)