El Eje de Derecho a la Información de BeC, partido de Ada Colau, formula fuertes críticas al proyecto que “sólo responde a las exigencias del duopolio televisivo y de los lobbies empresariales”, señala.
“El proyecto de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que el Congreso aprobó la semana pasada gracias a la abstención del PP, sólo responde a las exigencias del duopolio televisivo y de los lobbies empresariales”; así comienza su comunicado el Eje de Derecho a la Información de Barcelona en Comú (BeC), partido al que pertenece Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y uno de los puntales de Unidas Podemos.
Más adelante señala que se trata de un “proyecto de enormes repercusiones que se ha tramitado de manera casi clandestina y no atiende el propósito formal de aplicar a la legislación española la directiva europea que exige proteger la diversidad del sector audiovisual.
El proyecto facilita que las empresas asociadas a Atresmedia y Mediaset y a las grandes plataformas globales puedan producir contenidos dentro de la cuota obligatoria reservada hasta ahora a los productores independientes. Este cambio en el anteproyecto, introducido en última hora por el PSOE sin contar con su socio de gobierno, condena a la inestabilidad e incluso la desaparición los centenares de empresas del sector efectivamente independientes.
Pero no únicamente esto. La nueva ley:
- Convierte el “servicio público esencial” de las leyes anteriores en “servicio de interés económico general”
- Elimina las iniciativas sociales en el ámbito audiovisual e impide un reparto equitativo de licencias entre los servicios públicos, los operadores privados y los medios comunitarios.
- No admite la creación de una autoridad audiovisual independiente como la que tienen todos los países de nuestro entorno y deja en manos del mercado, es decir, del duopoli televisivo, las grandes plataformas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Comunicación (CNMC), la regulación efectiva del sector.
- Permite la privatización e incluso la eliminación del servicio público audiovisual de las comunidades autónomas.
- No garantiza la financiación de RTVE ni del conjunto de operadores del servicio público, incluida la agencia EFE.
- Permite la saturación publicitaria tanto en el canales de televisión en abierto como a los de pago.
- Deja de lado los derechos laborales de las personas que trabajan al sector en condiciones cada vez más precarias.
Este eje de Bec culmina el comunicado señalando que el proyecto aprobado, empeora las leyes del 2010 y del 2012 propuestas, respectivamente, por el PSOE y el PP, y se suma a los movimientos de protesta de los productores independientes, de los medios privados que consideran que la información es un servicio público y de los profesionales que luchan para evitar que el sector quede en manso del duopolio televisivo y las gran plataformas de streaming.
No deja de sorprender la contundencia de las críticas a un proyecto elaborado por un socio de Gobierno y más aún que este comunicado haya sido elaborado desde las bases de BeC. En general los temas sobre Derecho a la Información tienen escasa resonancia dentro de los partidos españoles y son tratados como una “maría” en sus programas.
