«No soluciona los problemas del sector y es aún más liberal en materia de servicio público” que las de anteriores gobiernos del PP y el PSOE.
Los sindicatos CCOO, UGT y CGT rechazan el anteproyecto de la Ley General Audiovisual que será previsiblemente aprobado el miércoles 26 de mayo en el Congreso. Alegan, en primer lugar, que, tanto en la fase de consultas públicas, como en la fase de enmiendas, no se han admitido ninguna de las propuestas sindicales. Sin embargo, los grandes grupos empresariales sí parecen ver reflejadas sus pretensiones.
Únicamente en la fase de enmiendas en el Parlamento, algunos partidos políticos, como Unidas Podemos, Más País, Compromís o ERC, han escuchado las peticiones sindicales.
En declaraciones ante la prensa, Cristina Bermejo, secretaria general del sector de Medios de Comunicación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO), ha manifestado que el anteproyecto de ley “no soluciona los problemas del sector y esta ley contiene un componente aún más liberal en materia de servicio público que aquellas que le precedieron en gobiernos tanto del PP como del PSOE”.
Lo que debía ser una trasposición de la directiva comunitaria que abordara las complejidades del entramado comunicativo español ahonda, sin embargo, en un modelo mercantilista, que se encuentra al servicio de los operadores privados, en lugar de velar por la defensa de los servicios públicos de RTV y el acceso gratuito y universal de la ciudadanía a unos sistemas de comunicación que sean garantes de los principios constitucionales básicos en materia de información.
Entre otras cuestiones, se omite la definición de misión de servicio público para todos los prestadores, tanto públicos como privados, que garantice el pluralismo, la responsabilidad editorial y la libertad de expresión y no se evita la privatización y la externalización posible del modelo de RTV. Tampoco se asegura una financiación estable y definida para la Corporación de RTVE ni, por supuesto, para el resto de operadores del servicio público, incluida también la Agencia EFE.
En cuanto a derechos laborales, la ley carece de menciones. No se concretan cuestiones como el fomento del empleo de calidad, una serie de garantías en materias como la conciliación y corresponsabilidad, la igualdad o la salud laboral, por no hablar de la concreción de los mecanismos de gobernanza de las radiotelevisiones públicas o la garantía de los mandatos marco y los contratos programa.
Acusan también la falta de concreción en la regulación de los medios de comunicación. Se deja en manos de la autorregulación lo que deberían ser las funciones de una autoridad audiovisual independiente que no existe y que era una cuestión poco desarrollada en la CNMC, que a día de hoy no tiene capacidad ejecutiva para controlar el mercado audiovisual, lo que pone en riesgo el pluralismo mediático y la independencia.
Los sindicatos defienden asimismo para las televisiones públicas un sistema de financiación estable que garantice su independencia. Así, se pretende suprimir el porcentaje del 13%, que aportaban las operadoras de telecomunicaciones a la ya mermada financiación de RTVE.
La no cesión a terceros de los servicios informativos ha sido otro caballo de batalla de los sindicatos ante este proyecto de ley, que, de no modificarse, permitirá a las cadenas externalizar total o parcialmente el servicio, con el peligro, alertan, de la pérdida de puestos de trabajo estables y de calidad, como ya ocurriera en el pasado, así como poner en riesgo el acceso de la ciudadanía a una información veraz y objetiva.
