Coincidencias en que el Tribunal Constitucional suspenderá mañana la arbitraria medida rechazada por múltiples organizaciones, entre ellos la FeSP, que modifica normas legales como la Ley Audiovisual de Andalucía (LAA) y atenta contra el derecho a la información.
A través de distintos medios de comunicación ha trascendido que en su sesión de mañana (6 de abril) el Tribunal Constitucional suspenderá la aplicación del “decretazo” de la Junta de Andalucía que bajo el enunciado de “mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva”, en realidad ampara la privatización de multitud de emisoras municipales yfomenta la concentración de medios en manos de los grandes grupos de comunicación, en el mejor de los casos. S espera una suspensión temporal de parte de la normativa tras el recurso de dos de sus puntos más controvertidos.
Según la Cadena SER, esto conlleva que “los artículos conflictivos serán suspendidos de forma automática hasta que los magistrados tomen una decisión sobre ellos, un hecho que debe ocurrir en un plazo de cinco meses, tal y como se recoge en el artículo 161.2 de la Constitución.
Una de las principales controversias está relacionada con la supresión de ‘la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante, al resultar desproporcionada y perjudicial para la publicidad de entidades, empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en Andalucía’. De esta manera, el gobierno que comanda Juan Manuel Moreno elimina las sanciones que se venían imponiendo a aquellos anunciantes que ponían publicidad en emisoras de radio y cadenas de televisión ilegales.
Además, la nueva normativa también hace desaparecer “la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local puesto que dificulta la actividad económica del sector privado de comunicación audiovisual en Andalucía”.
Como ya ha denunciado el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la FeSP, esto abre las puertas a las corporaciones locales para decidir a su arbitrio la forma de gestión de un servicio público y que como consecuencia se produzca una progresiva privatización de los medios públicos locales hacia las manos de empresas comerciales afines a partidos polítcos.
