El actual Gobierno conservador proyecta su dreogación, lo que afectarí seriamente la libertad de expresión y el rechazo de sus compromisos internacionales de derechos humanos.
En peligro la ejemplar Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay
El actual Gobierno conservador proyecta su dreogación, lo que afectarí seriamente la libertad de expresión y el rechazo uruguayo de sus compromisos internacionales de derechos humanos.
La iniciativa del Poder Ejecutivo de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual actualmente vigente, abriría la puerta al restablecimiento de disposiciones y limitaciones que datan de la época dictatorial del país, lo que significaría cercenar significativamente la libertad de expresión y el acceso a la información, y también amenazaría la existencia de medios de comunicación que las autoridades gubernamentales estimen contrarios a la “moral” o al “prestigio” de la República.
Esta regulación fue oportunamente ponderada por todas las organizaciones internacionales de defensa del derecho a la información y elogiada por la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece la FeSP.
El 15 de julio pasado, OBSERVACOM (Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Coonvergencia) se pronunció ante la Comisión Parlamentaria para argumentar en contra de la derogación de la Ley de Medios , señalando que “no existen razones suficientes para una derogación total” de la ley y advirtiendo sobre las complejas consecuencias que traería, que “sería incompatible con el derecho a la libertad de expresión [así como al acceso a una] internet libre y abierta”.
OBSERVACOM también se sumó a Cainfo y otras organizaciones de la sociedad civil para emitir un comunicado formal al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertando sobre los efectos del proyecto de ley y pidiéndole que supervise la situación a través de los canales disponibles para la CIDH.
Entre otras consecuencias, la derogación de la ley eliminaría disposiciones destinadas a prevenir la concentración de medios y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como otros derechos reconocidos a los periodistas, como el derecho a la objeción de conciencia.
Otro aspecto que preocupa es el retorno a la plena discrecionalidad en la toma de decisiones en la asignación de frecuencias a los medios de comunicación audiovisual, algo que en el pasado permitió tanto a la dictadura militar como a los dos gobiernos democráticos posteriores otorgar arbitrariamente concesiones a nuevos medios en base a criterio político. Esto eliminaría la obligación de llamar a licitación, concurso o proyecto, abandonando todo criterio de transparencia y participación ciudadana.
En suma, derogar la ley sería un serio retroceso en materia de derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión, con importantes impactos a largo plazo en la democracia de Uruguay. Por estas razones, instamos al parlamento uruguayo a abstenerse de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente y así garantizar que no se desvirtúen los esfuerzos que han hecho de Uruguay un ejemplo y modelo regional e internacional de democracia y protección de los derechos humanos.
IFEX-ALC, de la red global IFEX, está formada por 24 organizaciones de 14 países de América Latina y el Caribe dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa.
