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En Chile proponen blindar por ley la protección de la prensa ante la violencia

Podría ser el primer país del mundo en contar con una legislación que tipifique no sólo las agresiones de la fuerza pública.

El Senado chileno ha admitido a trámite el proyecto de ley presentado por la diputada Nathalie Castillo (PC) que protege a periodistas y trabajadores de la comunicación luego de que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó por mayoría la moción parlamentaria.

La iniciativa crea un estatuto de protección que recoge las sugerencias internacionales establecidas por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación) para salvaguardar la integridad de todas y todos ellos.

Por esa razón, el proyecto de ley -que recibió el patrocinio del Gobierno- entre sus objetivos busca prevenir hechos de violencia contra periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, proteger y garantizar su seguridad, establecer un marco normativo y efectivos para ese fin y la adopción de medidas para que se investigue, se sancione, se repare y se garantice no repetición en situaciones de vulneración y/o agresión.

El Estado asume el deber de prevenir agresiones contra periodistas o personas trabajadoras de las comunicaciones que la ley precisa que son todas aquellas que tienen como actividad laboral principal la recopilación, tratamiento y difusión de la información al público por cualquier medio de comunicación en cualquier plataforma de emisión.

La propuesta de ley protege particularmente a periodistas o trabajadoras mujeres, de la diversidad o disidencia sexual y de género a través de medidas que visibilicen y prevengan a través del Ministerio Público hechos de violencia. Este apartado surge toda vez que la moción, entre sus fundamentos, cita cifras de violencia contra comunicadores y comunicadoras en el marco de la revuelta social del 2019.

El proyecto incluye a reporteros/as, camarógrafos/as, fotógrafos/as, al personal de apoyo técnico, comunicadores sociales y comunitarios. También a choferes, intérpretes, revisores, traductores, editores, productores, difusores y distribuidores. Lo anterior, sin que signifique, necesariamente, que la persona cuente con un título profesional o equivalente. De igual modo, se incluye a estudiantes de periodismo en práctica profesional, como egresados de la carrera.

El concepto de agresión se define como cualquier acto que atente contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de las y los periodistas y las personas trabajadoras de las comunicaciones en el ejercicio de su labor comunicacional. Entre ellas, se consideran desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, toma de rehenes, torturas y apremios ilegítimos. Igualmente, violencia física, intimidación, amenazas, detenciones ilegales y/o arbitrarias y ataques discriminatorios.

También contempla la censura, violación de las comunicaciones, espionaje, vigilancia ilegal y toda forma de violencia sexual, entre otras, que puedan significar menoscabo.

En la iniciativa se propone no solo la protección de periodistas, sino también de sus familias cuando estén en riesgo. Asimismo, se define la obligación de resguardar a comunicadores que investigan el crimen organizado u otros temas de interés público. Paralelamente, se promueve la protección de trabajadores/as de las comunicaciones mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género.

Más información en: https://www.pressenza.com/es/2024/03/chile-aprobado-proyecto-para-proteccion-de-trabajadores-de-las-comunicaciones/

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