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El SPC participa en el debate europeo de la ley sobre pluralismo informativo y transparencia en la propiedad de los medios

El sindicato de la FeSP señala que es un error que el proyecto priorice los medios y no las personas. Defensa de los medios sin ánimo de lucro y los comunitarios.

Una delegación del Sindicato de Periodistas de Cataluña / Sindicato de Profesionales de la Comunicación (SPC),miembro de la FeSP) ha asistido este pasado 31 de mayo al debate organizado por el grupo parlamentario de los Verdes Europeos sobre la propuesta del European Media Freedom Act (EMFA), la ley europea que quiere defender la pluralidad de los medios de comunicación, la independencia editorial y el ejercicio de la profesión periodística.

La propuesta legislativa ha sido defendida por la eurodiputada Diana Riba, haciendo hincapié en la independencia y la financiación estable de los medios de servicio público. También se centra en la necesidad de transparencia de la propiedad de las empresas periodísticas y de la asignación de la publicidad institucional, entre otras medidas que deberían fomentar un paisaje mediático saludable teniendo en cuenta la transformación digital. «Ningún país tiene un ecosistema de medios de comunicación sin fisuras» ha alertado Riba,

La sesión ha consistido en dos paneles para tratar distintos aspectos de la EMFA y del pluralismo en la Unión Europea. El primero, después de la introducción inicial de Diana Riba, ha comenzado con la exposición por parte de Audrius Perkauskas, jefe adjunto de la unidad de política de servicios audiovisuales y medios, (Dirección General de Redes de comunicación, contenidos y tecnología – CONECT),en representación de la Comisión Europea, que ha intervenido en el proceso de elaboración del texto que ha detallado sus aspectos más importantes. Resaltó la necesidad de detectar si hay intervencionismo y presiones de las autoridades públicas en la línea editorial de los medios. En la misma línea, la EMFA establece mecanismos para combatir las injerencias del mundo privado en el funcionamiento de los medios de comunicación. También ha explicado que la ley prevé mecanismos sobre el control de software de espionaje, como lo sucedido en el asunto Pegasus.

El presidente del SPC, Francesc Ràfols, ha defendido, en su intervención en el turno de debate, que «los medios de comunicación piensan que la propiedad de la información es suya y no es así, ya que ésta pertenece a la ciudadanía ». En este sentido, a pesar de considerar globalmente el proyecto como positivo, ha afirmado que “es un error que la ley haga hincapié en los medios de comunicación y no en las personas. Se debe garantizar el derecho de la ciudadanía a la información sea cual sea la propiedad de los medios de comunicación y las leyes deben centrarse en proteger los derechos de las personas, que en consecuencia, también obligan a los medios de comunicación». Al mismo tiempo, Ràfols ha defendido que se tengan en cuenta los medios de comunicación privados sin ánimo de lucro y los comunitarios,

En la jornada han participado miembros de asociaciones europeas que defienden la libertad de expresión, como Artículo 19, el Centro for Media Pluralism and Media Freedom y la Federación Europea de Periodistas (FEP), que lo ha hecho en el segundo de los paneles programados.

Renate Schroeder, directora de la FEP, ha alertado de que «la concentración de los medios de comunicación en pocas manos acaba con el pluralismo». Ha advertido también que la situación laboral de los y las profesionales de la comunicación “está empeorando. Los sindicatos y las asociaciones periodísticas juegan un papel clave, pero no son suficientemente fuertes para contrarrestar la situación». El periodismo y la comunicación «son bienes comunes y constatamos amenazas en todas partes. Hay que garantizar la protección del sector de cualquier injerencia política, y la independencia política y financiera de los medios son primordiales», ha añadido.

El grupo promotor de la ley confía en que ésta podrá aprobarse el próximo otoño de forma que antes de un año entre en vigor la nueva regulación. A partir de ese momento los Estados miembros tendrán que aplicarlo directamente, ya que se trata de un Reglamento y no de una Directiva, lo que en este caso requeriría la posterior transposición a las normativas estatales. El SPC valora positivamente esta iniciativa en la que ha participado directamente a través de la labor realizada por la Federación Europea de Periodistas (FEP) como en el contacto directo con el equipo redactor de la EMFA.

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