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“El Ministerio de la Verdad, la censura, la imparcialidad y otros mitos en la época de la desinformación”

Documentada respuesta de Rafael Díaz Arias a la aventurada afirmación de Ignacio Camacho, publicada en “ABC”, de que España “ha establecido la censura de contenidos en la prensa y las redes sociales”.

El periodista Rafael Díaz Arias publica en “periodismoglobal.com” a la aventurada afirmación del colega Ignacio Camacho quien en el diario “ABC” del pasado ocho de noviembre ha publicado: “En una sola semana ha establecido la censura de contenidos en la prensa y las redes sociales, ha puesto trabas legales a la enseñanza concertada, ha suprimido la cooficialidad del castellano en los planes escolares y se dispone a permitir a Hacienda el allanamiento de tu casa sin aviso ni trámites”.

Díaz Arias responde a la primera de esas afirmaciones y de forma documentada le demuestra el despropósito de la misma. Una muestra del extenso artículo, que es de lectura recomendable.

Leer en el BOE la dichosa orden es un ejercicio fastidioso. Resulta difícil extraer algo de esencia de ese lenguaje burocrático. Regula los procedimientos de coordinación entre los distintos organismos que, de hecho, estaban actuando (con los gobiernos de Sánchez y de Rajoy) en la lucha contra la desinformación y da un estado oficial al punto de conexión con los organismos europeos y el Plan Europeo de Acción contra la Desinformación.

Es importante subrayar que, de acuerdo con el marco europeo al que la Orden se remite, no toda información verificablemente falsa o engañosa debe combatirse -si así fuera, estaríamos ciertamente ante organismos europeos o nacionales que establecerían lo que es Verdad o Mentira- sino solo aquella que perjudique gravemente a los procesos democráticos o a bienes públicos, como la salud, el medio ambiente o la seguridad.

No se establece ninguna forma de censura (control previo a la difusión) ni procedimiento judicial para eliminar informaciones o mensajes. No obstante, que se confíe la monitorización, vigilancia, mitigación y gestión estratégica de las amenazas a una amalgama de órganos de seguridad (Departamento de Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia) y comunicación (Secretaría de Estado de la Comunicación) hace temer una explotación propagandística: que la lucha contra la desinformación se convierta en parte de la política de comunicación al servicio del Gobierno. Preocupante fue aquella declaración del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil de que la institución vigilaba los bulos para minimizar el clima contrario al Gobierno, torpemente matizada luego.

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