El catedrático Enrique Bustamante considera paradójico que el procedimiento de actuación publicado en el BOE lo critiquen el PP, que hizo algo parecido en 2018, y Vox porque veta a periodistas y medios.
El catedrático de Comunicación Audiovisual Enrique Bustamante, considera que el «pavor de los gobiernos españoles a soportar organismos cuasi non gubernamentales dificulta ahora la lucha contra la desinformación, e incrementa las tentaciones autoritarias de éste y otros gobiernos venideros. Nos colocamos así entre la espada de la manipulación y el muro de la censura».
En un artículo publicado en Eldiario.es, titulado «La lucha contra la desinformación, entre la espada de la manipulación y la pared de la censura», Enrique Bustamante indica que la publicación en el BOE del llamado «procedimiento de actuación contra la desinformación» y una «comisión permanente coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación (dirigida por el inquietante Iván Redondo), ha levantado una oleada de comentarios y críticas de los medios, columnistas y la oposición».
«Aun conociendo que esta orden ministerial (Presidencia) correspondía a documentos inspirados por el Consejo y la Comisión europeos, especialmente al plan de acción para la lucha contra la desinformación -COM (2018) 236-, que insta a los gobiernos a tomar medidas urgentes en ese campo y a coordinar sus acciones a escala europea, la alarma venía justificada por la ambigüedad de las definiciones utilizadas, su acumulación de ‘autoridades públicas competentes’ y su débil apelación a la participación social, como amenazas posibles de la eterna pulsión censora de los gobiernos.»
Enrique Bustamante formó parte en 2004 del comité de sabios que elaboró por encargo del Gobierno socialista el informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal y ha sido uno de los miembros del comité de expertos que ha seleccionado a los candidatos al Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE.
«La reacción de la oposición de derechas se ha centrado en acusar al Gobierno de querer constituir un orwelliano Ministerio de la verdad, atacando frontalmente a la libertad de expresión. Una posición paradójica para un PP que había adoptado unas disposiciones parecidas en 2018 sin publicidad alguna pero que, sobre todo, puso en vigor la llamada Ley mordaza desde julio de 2015, ocasionando lo que Amnistía Internacional calificó como ‘grave retroceso’ de la libertad de expresión, cifrando en más de 74.000 las sanciones impuestas hasta finales de 2017 contra protestas sociales y, en muchos casos, contra informaciones o expresiones periodísticas o artísticas. En cuanto a Vox, su estrategia de veto y amenazas a periodistas y medios de comunicación, junto a su protagonismo en la difusión masiva de bulos y fake news, hacen difícilmente creíble su enfado ante el peligro de censura oficial.»
Para combatir la amenaza de la desinformación, «desde los organismos internacionales, los parlamentos y los medios académicos comienzan a surgir propuestas sensatas que van en el sentido de una acción integral, internacional y nacional, capaz de aunar la regulación estatal con la corregulación, la defensa cerrada de la libertad de expresión -y de la innovación y la competencia tan escasas en la radiotelevisión o, peor aún, en Internet (‘the winners takes all’ o ‘most’)- con la protección de los ciudadanos de la manipulación informativa sistemática, con especial atención para los sectores sociales más discriminados o vulnerables.»
En el artículo indica que España es el único país de la OCDE y de la Unión Europea que carece de una «autoridad independiente y especializada en la comunicación masiva». Ese organismo lo reclamó por unanimidad el Senado en 1995, lo pidieron en el informe de 2005 para la reforma de los medios públicos y la Ley de RTVE de 2006 y la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 incluyeron la constitución de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales. Finalmente, el Gobierno de Mariano Rajoy lo eliminó con el argumento de que era muy costoso y «lo subsumió en un organismo auténticamente frankenstein que regula sectores muy diferentes (electricidad, gas, telecomunicaciones, transportes, correos, radiotelevisión…), bajo el manto de la competencia de mercado (CNMC)».
Artículo completo aquí: https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/lucha-desinformacion-espada-manipulacion-pared-censura_129_6454196.html
