Ante las próximas elecciones catalanas la CCMA impone sus criterios sobre la cobertura electoral a los profesionales de TV3 con la misma visión de «proporcionalidad» derivada de la representación parlamentaria anterior.
Ramon Espuny*
Con la convocatoria de las elecciones, se celebren cuando se celebren, han vuelto a la actualidad los planes de cobertura informativa de la campaña electoral por parte de los medios públicos de comunicación.
En Catalunya de nuevo el referente será el plan aprobado por el Consejo de gobierno de la CCMA, que reproduce casi miméticamente documentos anteriores y que tiene como elemento básico la obediencia al artículo 66 de la LOREG, que desde 2011 (no antes) dicta que las informaciones de la campaña, y también de los debates y las entrevistas, deben respetar el principio de «proporcionalidad»,derivado de la representación parlamentaria anterior.
Este «principio», que antes del 2011 no aparecía en la LOREG (lo que legitimó las críticas profesionales porque no se desprendía de ninguna ley), se contradice con los criterios que la ley electoral española afirma que también deben respetarse : pluralismo, igualdad y neutralidad. Y es un concepto que por la presión de organizaciones profesionales y sindicales se consiguió que no constara en el proyecto de Ley Electoral Catalana (LEC), que quedó aparcado en el Parlamento de Cataluña hace dos legislaturas.
Por eso, pese a que se quieran flexibilizar los bloques electorales y suavizar sus efectos más grotescos, la proporcionalidad que la LOREG determina que debe regir los tiempos informativos y el orden de aparición seguirá pesando en el balançe global que el plan de cobertura contempla que se verifique diariamente.
Por supuesto, la crítica de los llamados ‘bloques electorales’ queda deslegitimada si se apela a la profesionalidad de los informadores pero ésta no se produce durante el resto del año. Pero la idea de que la aplicación de los bloques pueda corregir el posible decantamiento progubernamental de cualquier medio público es ilusoria e ignora que ese falso remedio supuestamente garantista lo que hace es consolidar el modelo actual, predominante en la mayoría de medios públicos.
Lo que se precisa para corregir las derivas partidistas de esos medios son sistemas de gobernanza realmente democráticos, basados en criterios verificables de independencia y profesionalidad de los cargos directivos, a partir de consensos parlamentarios ampliamente cualificados y de concursos públicos que garanticen esos criterios. Apelar a los bloques, que consagran la desigualdad en el tratamiento informativo de las candidaturas, no sólo es antiprofesional sino también antidemocrático, y constituye un acto de condicionamiento previo a la información que no se da en ningún otro país de nuestro entorno.
*) Ramon Espuny es periodista de TV3 y ha sido presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC-FeSP)
