El SPC y la FeSP firman el manifiesto contra la sanción de la AEPD a La Directa por las investigaciones publicadas sobre policías infiltrados en entidades sociales.
El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) se han adherido al manifiesto de protesta contra el proceso sancionador abierto contra la publicación La Directa por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por las investigaciones publicadas sobre los policías infiltrados en movimientos sociales y varios colectivos. Este manifiesto ha sido hecho público este 29 de julio al que apoyan entidades como el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la CoopMèdia – Red de Medios Cooperativos Catalanes, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el Sindicat de la Imatge UPIFC y la CGT; medios como Crític, El Salto, y La Marea. También lo han hecho entidades como Candidatura d’Unitat Popular, ERC, Federación de Cooperativas de Consumidoras y Usuarias de Catalunya Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), La Intersindical, Òmnium Cultural, o la Fede.
Con posterioridad, ha transcendido que la AEPD también ha abierto proceso sancionador contra Vilaweb.cat.
El manifiesto dice lo siguiente:
«Las personas y organizaciones abajo firmantes queremos expresar nuestro apoyo a la Directa y nuestra profunda preocupación ante el procedimiento sancionador impulsado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a raíz de sus investigaciones sobre los policías infiltrados en el independentismo y los movimientos sociales.
Las investigaciones de la Directa constituyen un ejercicio legítimo del derecho a comunicar y recibir información veraz, reconocido por el artículo 20 de la Constitución española. También responden a la función democrática esencial de los medios de comunicación como vigilantes de los poderes públicos, especialmente cuando investigan actuaciones policiales secretas que afectan derechos fundamentales.
Información relevante
La relevancia pública de las informaciones publicadas es indiscutible. Las infiltraciones descubiertas provocaron la creación de una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya y dieron lugar a numerosas iniciativas y preguntas parlamentarias de la oposición en el Congreso de los Diputados. Los casos también han sido recogidos por medios de comunicación catalanes, españoles e internacionales, como The Guardian, Der Spiegel o La Reppublica, entre otros.
A pesar de este evidente interés público, la AEPD considera incompatibles con la normativa de protección de datos determinados informaciones e imágenes publicadas por la Directa. Lo concluye a pesar de que el medio adoptó diferentes medidas para proteger la identidad real de los agentes.
Como si fuera una SLAPP
Esta decisión genera un grave efecto intimidatorio y de mordaza sobre el periodismo de investigación. La amenaza de una sanción económica y de la retirada de contenidos puede disuadir a los medios de publicar informaciones relevantes sobre la actuación de los poderes públicos. Tiene, por lo tanto, un efecto equiparable al que se conoce como SLAPPS, dirigidas a silenciar.
No está en juego solo la libertad de la Directa. Este procedimiento puede establecer un precedente muy peligroso para todos los medios de comunicación y profesionales que investigan abusos policiales u otras cuestiones incómodas para las instituciones.
Fuera lo hacen distinto
La actuación de la AEPD contrasta con la respuesta de las instituciones públicas ante casos similares en el Reino Unido. Tras descubrirse que agentes infiltrados habían mantenido relaciones íntimas bajo identidades falsas con activistas, tanto los cuerpos policiales como el Gobierno británico asumieron sus responsabilidades, pidieron disculpas a las víctimas y las indemnizaron.
Además, las identidades y las fotografías de los agentes infiltrados se publicaron en los medios de comunicación con plena libertad y todavía se pueden consultar hoy en día, sin que esto haya comportado la imposición de sanciones a los medios que informaron sobre los hechos.
En el Estado español, en cambio, los casos de infiltración policial continúan sin una investigación efectiva ni una depuración de responsabilidades, mientras el medio que las descubrió se enfrenta a una sanción.
Por todo ello, pedimos:
• El archivo inmediato del procedimiento sancionador contra la Directa.
• Que el Estado español cumpla de manera efectiva el mandato del artículo 85 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/679 e introduzca los cambios legislativos necesarios para que la normativa de protección de datos no pueda ser utilizada para amordazar y censurar a los medios de comunicación.
Defender la Directa es defender el derecho de la sociedad a conocer la actuación de los poderes públicos. No podemos permitir que se sancione a quién investiga mientras se protege a quién se infiltra».
Crédito imagen: Joanna Chichelnitzky, ‘La Directa‘
