El proyecto de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, que inspira la ministra Calviño, impone el modelo Berlusconi.
El anteproyecto de ley de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808) de la UE a nuestro país, pretende dibujar para el servicio público radiotelevisivo español un escenario nefasto para la democracia y la calidad cultural de nuestra sociedad.
Así lo entiende Francisco Sierra Caballero, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, que considera que la ley proyectada no sólo es revelador de la insistencia liberalizadora en una materia tan sensible, sino que además avanza en dirección a un claro retroceso democrático limitando el pluralismo y la calidad del sistema informativo en un país, el nuestro, históricamente renuente a políticas activas de acceso y diversificación del sistema mediático nacional.
En este sentido, y aun amparándose en el marco de la Estrategia Digital del Estado, el anteproyecto no sólo reforma, en un sentido regresivo, la vigente Ley General del Audiovisual (7/2010), sino que refuerza lo que algunos calificamos como modelo Monti (comisario y hombre de confianza de Berlusconi) que iniciara en Bruselas la primera andanada contra los medios públicos europeos en beneficio de actores como Fininvest (hoy Mediaset).
Sierra Caballero sostiene: El escenario que se dibuja en el horizonte, de no mudar significativamente el redactado de la ley, es el modelo de Murcia o Canarias y la progresiva externalización de servicios básicos como ya sucediera en Canal 9 y ahora en la RTVA. Por lo mismo, la norma no apuesta por una comunicación ciudadana. La adaptación al mercado que propone el borrador es la razón con la que justificar la liquidación definitiva del dominio público. Y la flexibilidad, la seguridad de los operadores que dominan el mercado.
La autorregulación y corregulación que apunta la norma es, en fin, más de lo mismo, el reforzamiento de una estructura antidemocrática y concentrada de poder de difusión de las imágenes de unos pocos contra la voluntad de muchos. Como ya está sucediendo en la sanidad y la educación, la opción neoliberal empieza por privatizar todo servicio público para su explotación por operadores privados, y termina por negar el derecho de acceso, aunque, como en Andalucía, esté protegido por Estatuto.
Sorprende, no obstante, que la visión dominante, incluso de un Gobierno supuestamente progresista, sea, en esta materia, la de los medios mercantilistas: una concepción que renuncia a la cultura para imponer el negocio, que recorta derechos para garantizar share, que restringe el pluralismo para favorecer el oligopolio.
NR: Francisco Sierra Caballero es presidente de ULEPIC, fundador de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, expresidente de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas y Académicas en Comunicación (CONFIBERCOM) y exdirector general de CIESPAL.
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