El juez los imputa por «amenazas e intimidación pública” a Julia Mengolini, más “malversación de caudales, apología del crimen y asociación ilícita.”
El fiscal federal de la ciudad bonaerense de San Isidro Fernando Domínguez imputó este jueves a Javier Milei y a un grupo de funcionarios de su administración por amenazas a la periodista Julia Mengolini, en el marco de la causa que esta le inició al Presidente por «amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.
La periodista y escritora Julia Mengolini, directora de Futurock, denunció que había sido atacada en los últimos meses en las redes sociales mediante un video generado con IA, además de recibir amenazas de muerte para ella y su familia. Hace poco, convocada por la Cámara de Diputados, relató “la tortura” que significó para ella sobrellevar la “campaña de odio” y de mentiras “orquestada desde las más altas esferas del Estado” en su contra.
Convocada por la Comisión de Mujeres y Diversidad, la comunicadora compartió con la voz quebrada un escalofriante relato sobre las penurias que debió atravesar y que aún sufre por esa “deep fake news”, reproducida por el propio presidente Javier Milei a través de múltiples retuits en X, en la que se difunde una falsa relación incestuosa entre ella y su hermano.
Además del Presidente Milei, están imputados la diputada nacional Lilia Lemoine y un grupo de tuiteros afines a “La libertad avanza” en elque se hallan el cineasta Santiago Oría y el influencer Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, entre otros.
El fiscal los investiga, entre otros motivos, para determinar si los ataques fueron organizados y financiados con fondos públicos, además de coordinados desde las altas esferas del Gobierno.
En su dictamen, el fiscal ordenó una batería de pruebas destinadas a identificar y ubicar a las personas que amenazaron de muerte a Mengolini y su familia. En ese marco, el juzgado ordenó además medidas de protección para la periodista y su círculo íntimo, entre ellas la custodia policial y la entrega del botón antipánico.
Domínguez también requirió a las empresas propietarias de las redes sociales información sobre el flujo de los posteos más violentos y amenazantes, la información falsa diseminada y los datos de las personas que obraron como los principales diseminadores.
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