Distintas causas judiciales descubren una estructura ilegal de inteligencia organizada durante el gobierno de Mauricio Macri que espiaba a periodistas de distintos medios y políticos de toda filiación para armar causas judiciales fraudulentas.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece la FeSP, se ha solidarizado con las víctimas “de este espionaje ilegal que no solo afecta a la vida íntima de los y las trabajadoras de prensa, sino que constituye un procedimiento necesario para la eliminación de la herramienta Lawfare, mediante la cual los discursos de odio logran instalar una agenda e incluso, como ha pasado en algunos países, manipular la opinión pública y posicionarse como espacios de poder político capaces incluso de ganar una elección.
Cuando estos discursos actúan en connivencia con corporaciones mediáticas cuyos objetivos financieros nada tienen que ver con los trabajadores que en su tarea diaria ejercen el periodismo como una contribución a la democracia en detrimento de los abusos de poder y la corrupción, se configura una hábito totalmente nocivo para el periodismo y el Estado de Derecho.
Asimismo, como una organización
que lucha por los derechos de lxs trabajadores de a pie que hacen al
grueso de las redacciones, portales y demás instituciones de
prensa, nos vemos en la necesidad de distinguir entre trabajadores de
prensa y aquellas figuras televisivas que, nuevamente, están
alejadas de las profundas problemáticas de cientos de
periodistas que día a día, por ejemplo, son despedidos
de sus puestos de trabajo desde que empezó la pandemia de
COVID19 o son víctimas del vaciamiento de medios de
comunicación o agencias”.
La FIP ya advirtió
en su momento sobre las prácticas de la gestión
anterior de la Agencia Federal de Inteligencia argentina. Prácticas
que, por ejemplo, incluyeron el seguimiento de más de 400
periodistas que viajaron a Buenos Aires para cubrir la Cumbre de G20.
