También pide que lo hagan quienes presenten o conduzcan programas informativos o de actualidad política y las productoras de programas audiovisuales o radiofónicos.
Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que plantea que las sociedades o personas que sean titulares de medios de comunicación audiovisuales, de radio o de prensa escrita o digital, o que posean al menos el 10%, estén obligadas a presentar una declaración de bienes e intereses. También deberán hacerlo quienes presenten o conduzcan «programas informativos o que traten de actualidad política».
Según indica en la exposición de motivos, Podemos ha presentado esta proposición porque «la prensa, la radio y la televisión contribuyen a la formación de la opinión pública, y los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a conocer cuáles son los condicionantes y contextos de la información y opiniones que reciben. Por ello, se hace necesario que se conozcan los intereses económicos de las personas que desempeñan funciones de dirección, administración o creación de contenidos en estos medios, de manera análoga a como se produce con los altos cargos de la administración».
El partido que lidera Ione Belarra propone que esas declaraciones sean depositadas en un registro de intereses, dependiente del Ministerio de la Presidencia, de acceso público para la ciudadanía.
Con independencia de que esta proposición de ley sea aprobada o no, a partir de agosto de 2025 todos los medios de comunicación de los países de la Unión Europea estarán obligados a hacer públicos los nombres de sus titulares directos o indirectos, a declarar la publicidad institucional que reciben y a adoptar otras medidas sobre transparencia y para garantizar su independencia, porque en esa fecha entrará en vigor la Ley Europea de Libertad de Libertad de Medios (EMFA por sus siglas en inglés), aprobada recientemente.
Esta norma es un reglamento de la Unión Europea y no una directiva que haya que tramitar en el Parlamento para su trasposición al ordenamiento jurídico español, por lo que tiene que entrar en vigor obligatoriamente en la fecha prevista.
