El Gobierno de Dina Boluarte indulta a militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa condenados por crímenes cometidos entre 1980 y 2000.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido al gobierno peruano que se que no promulgara el indulto a los militares, policías y miembros de los Comités de Auto defensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante los años 1980 y 2000 y se abstuviera de aplicarla.,
Sin embargo, el miércoles pasado, la presidenta Dina Boluarte promulgó la denominada Ley de Amnistía que los indulta.La polémica ley ha generado el rechazo y pronunciamiento de diversas instituciones defensoras de los derechos humanos, debido a que impactará en al menos 156 casos con sentencia y cuyos responsables podrán salir en libertad dejando un nefasto precedente para la justicia peruana.
La hermana Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), afiliada a la FIP, denunció que la promulgada Ley de Amnistía representa un grave retroceso en el país, ya que consolida la impunidad para los responsables de violaciones de derechos humanos ocurridas entre los años 1980 y 2000. La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con la ANP y con lxs defensoresxs de derechos humanos y reitera el reclamo por la verdad y justicia para todos los periodistas víctimas de crímenes de lesa humanidad.
El sindicato señaló que esta ley «implica una nueva revictimización para los hombres y mujeres de prensa asesinados entre 1980 y 2000, entre ellos casos emblemáticos como los de los periodistas “Mártires de Uchuraccay”, Jaime Ayala Sulca (Huanta, 1984), Hugo Bustíos, Melissa Alfaro y Pedro Yauri, así como procesos que han alcanzado la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos».
Amnistía Internacional (AI) se pronunció recordando “que los estándares regionales e internacionales de derechos humanos establecen que las amnistías son inadmisibles para casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como aquellos cometidos en Perú entre 1980 y 2000. Entre estos crímenes se cuentan desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, entre otros.
Advertimos a la sociedad sobre un avance del autoritarismo e impunidad en Perú a través de normas que debilitan el espacio cívico y el acceso a la justicia, así como de iniciativas para desacatar compromisos internacionales. Frente a ello, reiteramos al Estado peruano su deber de garantizar el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y de toda la sociedad, lo cual es solo posible fortaleciendo investigaciones y condenando a quienes cometen graves violaciones de derechos humanos. Para pasar la página, el Estado tiene la obligación de asegurar garantías de no repetición, lo cual es posible enfrentando de manera decidida la impunidad y encontrando a los culpables de crímenes tan atroces como los cometidos en Perú.”
Mientras que la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) ha rechazado a la norma indicando que “No puede haber paz sin justicia. pretender voltear la página sin verdad y justicia es una grave retroceso para nuestro país (…). Los crímenes cometidos no fueron excesos ni errores, fueron violaciones graves a los derechos humanos, como una asociación formada y liderada por mujeres quechuas seguiremos exigiendo justicia, llevamos más de 40 años en este camino, y no hubo ni habrá poderes ilegítimos que nos paren”.
