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Organizaciones andaluzas contra el «decretazo» de PP y C’s en materia audiovisual

Organizaciones profesionales y sindicales, tejido asociacivo y facultades de Comunicación de Andalucía, rechazan en un documento conjunto el «decretazo» que mañana pretende aprobar el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, con el apoyo de su socio Vox, que provocará un grave deterioro del sector audiovisual andaluz y denuncian las formas con las que ha actuado el gobierno de la Junta de Andalucía, llevando a la Diputación Permanente y en pleno Estado de Alarma por el COVID-19, importantes cambios sin debate alguno y tan solo año y medio después de que la actual Ley fuera aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos firmantes, entre los que se encuentra el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) y la FeSP, alertan de las devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática del Decreto Ley 2/20, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado por el Gobierno Andaluz y remitido para su validación al Parlamento regional. Esta norma supone, de facto, una ruptura de los consensos políticos y sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018) y que convirtió a la Comunidad andaluza en un referente en políticas audiovisuales a nivel estatal.

Segun manifiesta el escrito, la principal consecuencia de este Decreto, que ataca el cuerpo central de la norma andaluza, es la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión. Además, contraviene uno de los objetivos de la comunicación local, que es la construcción de identidad territorial, al permitir que desembarquen empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas.

Esta particularidad permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio público y para repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, algo que va claramente en detrimento del empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial.

El artículo 5 del Decreto Ley que reforma la Ley Audiovisual establece la supresión del artículo 38.1.c, eliminando la obligación de disponer de estudio de producción operativo en el ámbito territorial de cobertura (sea municipal, comercial o comunitario). Esta medida es contraria a la Ley General Audiovisual y a los principios inspiradores de la Ley andaluza.
Por otra parte, lejos de proteger el espacio radioeléctrico, este Decreto Ley permitirá a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.

También se manifiesta por parte de las distintas organizaciones que este decreto degrada el papel del Consejo Audiovisual Andaluz, prescindiendo de sus informes para determinados asuntos entre ellos los cambios de adjudicatarios en los negocios jurídicos con las licencias obtenidas en concurso público. Con esta decisión, el gobierno andaluz minusvalora al sector audiovisual y pone en riesgo industria y empleos.

Las organizaciones firmantes piden al gobierno andaluz que abandone la unilateralidad y vuelva a la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual en Andalucía (MOISA) «para alcanzar los consensos necesarios que mantengan la esencia de la norma andaluza que tanto tiempo y esfuerzos nos costó construir».

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Comparecencias de representantes del SPA en el Parlmento Andaluz previo a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía. Francisco Terrón, secretario general SPA, Clara Aurrecoechea, vocal de Medios Públicos y Patri Diez, vocal de Gráficos. 20/3/2018.

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