La FATPREN convoca una jornada de lucha para el próximo miércoles en respuesta ante esta “amenaza a la información”.
La hermana Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), afiliada a la FIP, en un pleno de sus sindicatos celebrado hoy, 5 de febrero, ha resuelto convocar a una jornada nacional de lucha para el próximo miércoles 7 de febrero. La medida se adoptó ante las dilaciones generadas por la cámara empresaria ADIRA en la negociación colectiva.
A lo cual suma La devaluación de la moneda del mes de diciembre último, con el consecuente incremento vertiginoso de los índices de inflación, derivó una brutal perdida del poder adquisitivo de los salarios. Ante esta situación, el sector empresario mantiene una postura contraria a actualizar las escalas salariales.
La jornada nacional de lucha votada por el Plenario incluirá cese de actividades, asambleas y distintas acciones de protesta en las redacciones de los principales diarios del país.
De igual manera, el Plenario se pronunció repudiando la intervención dispuesta por el gobierno nacional en los medios públicos y su intento de privatización, y rechazando la represión estatal contra trabajadores de prensa y manifestantes en las inmediaciones del Congreso de la Nación en los últimos días.
Con respecto a la intervención de los medios públicos resuelta por el presidente Javier Milei, la FATPREN la considera “una polémica y drástica decisión, el gobierno de Javier Milei resolvió la intervención de los medios públicos Télam, RTA, TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y Contar, por un período inicial de un año, con la posibilidad de ser prorrogada por un año adicional. La medida, según lo publicado en el Boletín Oficial, tiene como objetivo «reformular y readecuar las sociedades» y modificar las contrataciones y la estructura del personal de estos medios.
La secretaria general de FATPREN,Carla Gaudensi, señaló que la intervención “amenaza el acceso a la información”, y sostuvo que “sin una agencia pública distribuida en puntos estratégicos del país, la información quedaría sujeta a la voluntad de los medios privados”.
En la norma dictada por el Gobierno el pasado sábado, se incorporó como una atribución del jefe de Gabinete “administrar y controlar los medios de difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y aquellas empresas del sector en las que la jurisdicción sea accionista”, así como “entender en el lineamiento de las políticas referentes a Medios Públicos Nacionales y su instrumentación”
