En un comunicado, que la FeSP asume, afirman que ha sido «una oportunidad perdida y una noticia pésima para los Derechos Humanos en España».
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para modificar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, las organizaciones Amnistía Internacional, No Somos Delito -plataforma de la que forma parte la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)-, Greenpeace, IRIDIA, Defender a quien Defiende, Ris, Novac y Legal Sol, han difundido un comunicado en el que lamentan que se haya perdido esta oportunidad.
Los seis partidos que han defendido la necesidad de reformar los artículos de esta ley más lesivos para derechos de la ciudadanía -PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts- han negociado durante más de un año y han llegado a acuerdos para modificar 36 artículos de los 54 que tiene la ley y una decena de disposiciones adicionales. En cuatro artículos no han alcanzado acuerdos, lo que ha llevado a ERC y EH Bildu a votar en contra del dictamen elaborado por la ponencia, con lo que la ley decae y todo el trabajo que han realizado ha sido inútil. Si un diputado de esos dos partidos se hubiera abstenido en la votación, como les pidieron los demás, esta proposición de ley con los cambios acordados hubiera pasado al pleno del Congreso para su debate y aprobación.
En el comunicado difundido por esas organizaciones afirman lo siguiente:
«No continuar con la tramitación parlamentaria de la reforma de la ‘Ley Mordaza’ es una oportunidad perdida y una noticia pésima para los Derechos Humanos en España. Esta norma ha impactado de forma muy negativa en el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y en los derechos de las personas migrantes y refugiadas, durante los casi ocho años que lleva en vigor.
Su modificación era muy necesaria y algo reclamado desde hace años por diversos organismos internacionales y regionales de Derechos Humanos, como la Comisaria de Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, por su potencial represivo.
Es indudable que aspectos claves de la ley han llegado a la votación de hoy sin las modificaciones necesarias para considerar que habían sido corregidos y ajustados a lo que disponen los estándares internacionales de Derechos Humanos. Pero había un trabajo de negociaciones y acuerdos que suponía un avance reconocible en derechos, y también había propuestas planteadas para continuar negociando y corregir esos aspectos clave y más lesivos de la ley. La sociedad civil se muestra muy crítica con el hecho de que esta oportunidad para una ley más respetuosa con los Derechos Humanos se haya dejado pasar.
También queremos poner de manifiesto el rol jugado por el Ministerio del Interior durante esta tramitación, que ha limitado el alcance de las negociaciones con los grupos parlamentarios en el Congreso y que ha demostrado una vez más su voluntad de no resolver las problemáticas de derechos humanos desde la raíz.
Desde la sociedad civil, tras ocho años documentando y denunciando las vulneraciones de derechos en el marco de la aplicación de esta ley, continuaremos trabajando para tener un #FuturoSinMordazas y una legislación que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. La ley mordaza, tarde o temprano, será historia. Lo que se ha avanzado debería servir para un futuro cuando se retomen negociaciones.
Es importante que cuestiones como el rechazo en frontera se regulen de forma urgente, como dice el Defensor del Pueblo, para evitar que se sigan produciendo devoluciones ilegales. La definición de las infracciones de desobediencia, resistencia o faltas de respeto tiene que mejorarse y precisarse para evitar el impacto desproporcionado que tienen sobre la ciudadanía que se moviliza en la calle. Tiene que avanzarse en la prohibición de las balas de goma, de tal manera que un armamento tan peligroso e inherentemente impreciso no pueda ser usado frente a quienes protestan y frente a los periodistas que documentan las manifestaciones».
