La empresa editora reclama 30.000 euros a la asociación y a su presidenta, Polonia Castellanos, por unas acusaciones que considera infundadas
Editorial Mong, SL, empresa editora de la revista Mongolia, ha presentado una demanda civil contra Abogados Cristianos y su presidenta, Polonia Castellanos, por vincular la publicación con el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y afirmar que dependía de las subvenciones públicas. La demanda, redactada por el abogado José Luis Mazón y presentada ante el juzgado de Mataró (Barcelona), reclama una indemnización de 30.000 euros.
Los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando Abogados Cristianos presentó una querella criminal contra la revista por una portada satírica sobre el belén navideño. Según la demanda, la asociación añadió acusaciones sin fundamento al relacionar la publicación con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico por la imputación del abogado Gonzalo Boye en una causa relacionada con Sito Miñanco. Boye había sido accionista minoritario de Editorial Mong, pero ya no tenía relación con la empresa en aquel momento y finalmente fue absuelto de esa acusación.
Abogados Cristianos también sostuvo que la revista se financiaba principalmente con subvenciones públicas, cuestionando así su independencia. Sin embargo, según el escrito, estas ayudas representan entre el 0,5% y el 2% de los ingresos de la publicación, dependiendo del ejercicio.
La demanda sostiene que ambas acusaciones pretendían perjudicar la credibilidad de Mongolia. El escrito señala que tuvieron repercusión en medios como The Objective y El Debate, que, según la parte demandante, difundieron esas afirmaciones sin contrastar la información. También cuestiona la finalidad de las actuaciones judiciales de la asociación y considera que buscaban silenciar a un medio independiente y anticlerical.
La querella fue archivada, pero Editorial Mong considera que las acusaciones formaban parte de una práctica coercitiva destinada a intimidar a la revista y dificultar su difusión. Tras explorar sin éxito la vía penal, la empresa ha presentado esta demanda civil para reclamar una indemnización y evitar que actuaciones similares queden impunes.
El caso se suma a los procedimientos judiciales contra medios de comunicación que pueden enmarcarse en las llamadas SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública), utilizadas para tratar de intimidar o desgastar a quienes ejercen la libertad de expresión.
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