José Manuel Martín Medem se suma al diagnóstico sobre el trámite de una ley que puede ser la puntilla para el derecho a la información en el audiovisual español
José Manuel Martín Medem, miembro de la Ejecutiva del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) y del Consejo de Administracióm de RTVE se ha hecho eco de la denuncia de los sindicatos en ese medio público sobre los perjuicios para la comunicación que pueden derivar de la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, proyectada por el Ministerio de Economía y Transformación Digital.
Una reforma que “no soluciona los problemas del sector y solo responde al beneficio de los lobbies empresariales privados” y no sirve para “preservar el sector público de comunicación audiovisual, evitar las privatizaciones, garantizar el pluralismo y la responsabilidad editorial o establecer una autoridad independiente son algunas de las cuestiones clave en las que no parece que vaya a incidir este anteproyecto de ley”.
Martín Medem en su artículo señala: La denuncia sindical intenta sacar de la clandestinidad un debate que se mantiene alejado de la opinión pública y condiciona la reforma de una de las leyes fundamentales para la calidad de la democracia.
La Ley General de la Comunicación Audiovisual impuesta por el PSOE en 2010 es un desastre para la democracia y la reforma que ahora conduce el sector neoliberal del gobierno amenaza con ser peor.
Los negocios audiovisuales presionan sobre una reforma que se mantiene fuera del alcance de la opinión pública y que se está tramitando sin transparencia para eludir el conocimiento de la mayoría social perjudicada por la peligrosa limitación del pluralismo en la información.
La reforma pretende blindar cinco imposiciones que benefician a los negocios contra el servicio público y las iniciativas sociales:
- Convierte el servicio público esencial en un servicio de interés económico general.
- Elimina a las iniciativas sociales del triángulo democrático que se debería establecer con un reparto equitativo de las licencias entre el servicio público, los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales.
- No se admite la creación de una autoridad audiovisual independiente que controle el cumplimiento de la ley en todos los medios de comunicación.
- No garantiza una financiación estable y suficiente para RTVE.
- Mantiene el modelo del Partido Popular que permite la privatización e incluso la eliminación del servicio público audiovisual en las comunidades autónomas.
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