La asamblea de la RTV pública valenciana aprueba un comunicado detallando los retrocesos democráticos en el ente, impulsados por el gobierno autonómico.
La plantilla de À Punt, la Radiotelevisión pública valenciana, reunida en asamblea, ha acordado hacer público un comunicado en el que denuncia las limitaciones y controles que ha impuesto el gobierno del PP con el apoyo parlamentario de Vox. En el escrito se afirma que «desde la llegada del PP al gobierno de la Generalitat, con el apoyo parlamentario de Vox, en À Punt se han sucedido una serie de cambios que está sufriendo la plantilla y con los que no estamos de acuerdo y que queremos manifestar aquí.»
La asamblea explica que el primer cambio «fue el de la ley que ha convertido la radiotelevisión pública en correa de transmisión del Consejo y que mengua la autonomía de esta empresa, necesaria para dar un servicio público de calidad. Esto significó también la supresión del Consejo de la Ciudadanía y la suspensión temporal del Consejo de Informativos.» El nuevo reglamento para este órgano «ha eliminado toda la capacidad de decisión de la Redacción, y ha borrado el ejercicio necesario de la transparencia. La falta de Consejo de Informativos ha impedido tener una voz para denunciar todos los cambios que se han producido estos meses».
El paso siguiente «fue aprobar deprisa y corriendo un nuevo Libro de estilo con modificaciones sustanciales respecto a la línea editorial anterior. El libro elimina cualquier referencia a la violencia de género, incluso la niega, y no proporciona las pautas para tratar informativamente esta cuestión tan primordial. Además, incorpora la cobertura de actos taurinos, a los que se opone parte de la plantilla, para considerarlos maltrato animal». Por primera vez en À Punt, «algunos trabajadores han tenido que recurrir a la cláusula de conciencia para negarse a cubrir estas noticias. Además, dos trabajadoras ya han hecho uso de esta cláusula y han abandonado la casa por el cambio de la línea editorial, que atenta contra el servicio público de este medio. Por lo tanto, es un muy mal síntoma del que está pasando.»
El Libro de estilo, además, «abre la puerta a la incorporación del castellano de manera masiva en la radiotelevisión pública, en la que el valenciano ha dejado de ser la lengua vehicular, que es la razón de ser de este medio de comunicación. No solo arrincona la lengua, sino que impone un valenciano coloquial lejos del estándar, que tendría que ser nuestro registro, y no el “valenciano de la calle” de que habla el PP. El Libro de estilo no tiene el visto bueno de la AVL [Autoridad Valenciana de la Lengua]». En este contexto, «la dirección de informativos está pasando por encima del departamento lingüístico, que es el que tiene la competencia en cuestiones de lengua, e incluso da directrices sobre palabras normativas que no quiere que se utilicen».
Por otro lado, «la incorporación de periodistas que no tienen el nivel mínimo de valenciano en determinadas ventanas lo deteriora todavía más. Nos avergonzamos del deterioro que está sufriendo nuestra lengua, objeto de burla merecida en las redes sociales.»
El manifiesto continua afirmando que «nos avergonzamos de todo el que ha pasado con el famoso video del Cecopi. Sorprendentemente, la empresa ha decidido investigar la filtración de este video en TVE y no las personas que decidieron no librar las imágenes y el audio a la jueza. Reclamamos explicaciones y transparencia y exigimos responsabilidades a la anterior dirección de Informativos, que tomó la decisión de prohibir utilizar ese audio, y al actual, que lo ha perpetuado posteriormente; también lo reclamemos para la jefa del Departamento Jurídico por la gestión jurídica del caso. Todo después de que el viernes 19 de septiembre la jueza emitiera una interlocutoria demoledora contra la postura de la dirección de À Punt.»
A la redacción se la engañó «diciendo que sí que se había enviado, y ahora ya estamos sufriendo la crisis reputacional ocasionada exclusivamente por la dirección. Queremos recordar que la plantilla no es la dirección y luchamos desde dentro para ayudar a denunciar todo el que se hizo mal y se ha continuado haciendo en esta triste desgracia».
La asamblea denuncia también «la manipulación en los informativos con noticias al dictado, que se hace extensible en otros programas de contenido informativo como es Va de bono, con información sesgada y poco seria que no ha tenido ninguna consecuencia interna en la dirección de este programa, más allá del comunicado de disculpa de la CACVSA, en el último caso. Citamos dos ejemplos: el lamentable video sobre Diana Morant i Pedro Sánchez o las acusaciones contra la organización de las protestas de la Vuelta ciclista en España».
El equipo que dirige esta empresa «ha apostado por una privatización brutal de los programas en radio y televisión sin precedentes, que va en detrimento de la calidad de los contenidos y de la lengua. En la nueva temporada, la dirección ha contratado programas externos que hasta ahora eran de producción propia, entre otras, los programas deportivos. La radio continúa maltratada por la dirección, infradotada de personal y medios, unos problemas comunes a otros departamentos».
En estas circunstancias, «la precariedad laboral por las interinidades, los despidos para los contratos antes de los tres años, la falta de convenio laboral después de ocho años, y las denuncias para cobrar los trienios que nos corresponden dan como resultado una plantilla coaccionada, amenazada y precaritzada».
El comunicado termina diciendo que «todo lo que hemos expuesto dificulta nuestra tarea para dar un servicio público y de calidad como el que merece la ciudadanía, pero queremos decir que no rehuiremos nuestro deber. Los trabajadores y trabajadoras de la web, las redes, la radio y la televisión públicas tenemos un compromiso con la sociedad valenciana. Hemos demostrado que, a pesar de todo, somos profesionales, como se comprobó en la cobertura de la Dana, y que podemos hacerlo bien; si no lo hacemos ahora, es porque no nos dejan.»
