El secretario general de la Federación, Agustín Yanel, denuncia «una grave vulneración del derecho a la información, reconocido en la Constitución».
El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, ha reclamado en una carta enviada al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se investigue la violencia policial en la manifestación del pasado domingo 26 de juliol en Palma contra de la masificación turística en las Islas Baleares. Al final de la misma se podujeron algunas cargas policiales en las que una de las personas agredidas fue el fotoperiodista Xavier Hurtado, que necesitó ser atendido en un centro hospitalario por los golpes recibidos.
La FeSP se adhiere así al comunicado que hizo el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) a raíz de los hechos. En su escrito al ministro, Yanel expresa «nuestra profunda indignación por la actuación de algunos agentes de los cuerpos de seguridad del Estado en la manifestación realizada el pasado domingo 26 de julio en Palma, contra la masificación turística en las Islas Baleares».
Vulneración del derecho a la información
El secretario general de la FeSP reclama en esta misiva que el ministerio «abra las investigaciones oportunas para aclarar estos hechos y, en su caso, determinar las posibles responsabilidades que puedan haber tenido algunos de los agentes policiales que intervinieron». Para la Federación, «la violencia contra profesionales de la información es una grave vulneración del artículo 20 de la Constitución española, que reconoce el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre los hechos de relevancia pública». Igualmente, añade Yanel, «también supone una grave vulneración del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el Reino de España ha suscrito».
Xavier Hurtado es un fotoperiodista afiliado al Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), miembro de la FeSP e iba debidamente acreditado como profesional de la información. El SPIB, en su comunicado, afirmó que «cualquier agresión o impedimento a profesionales de la información mientras desarrollan su trabajo constituye un ataque no solo contra su integridad física, sino también contra el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y contrastada».
