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La Asamblea Francesa en proceso de aprobar una ley de protección de los «denunciantes»

La Comisión Jurídica de esta cámara ha respaldado la propuesta de ley más progresista de Europa sobre esa protección, incluso si se rechazaran enmiendas importantes.

Según informa el periodista Laurent Mauduit en “101noticias.com”, la Comisión Jurídica de la Asamblea Nacional francesa ha respaldado la propuesta de ley más progresista de Europa sobre la protección de los denunciantes. Incluso si se rechazaran enmiendas importantes, esta victoria es mérito de la coalición en torno a la Cámara de los denunciantes, una herramienta democrática atípica en un panorama político, señala.

Cinco años después de la ley Sapin 2 sobre transparencia y lucha contra la corrupción, Francia se prepara para dar un nuevo paso en la protección de los denunciantes. Si bien la ley de 2016 había sido aclamada como un gran paso adelante, en particular con la creación de la Agencia Francesa Anticorrupción, los resultados de su componente de denuncia de irregularidades se consideran decepcionantes.

Según los diputados Raphaël Gauvain (LRM) y Olivier Marleix (LR), autores de un informe presentado en julio a la comisión de justicia, el sistema peca tanto en la recogida y tramitación de alertas como en la desprotección de los interesados. “Estas personas, que en ocasiones han sacrificado su vida profesional y personal para denunciar delitos graves, tienen la sensación de haber sido abandonadas cuando pensaban que estaban al servicio del interés general o actuando con lealtad por su empresa”., escriben.

El proyecto de ley «destinado a mejorar la protección de los denunciantes» presentado por Sylvain Waserman (MoDem) y co-firmado en particular por Gauvain, que ha llegado a la Asamblea Nacional este 17 de noviembre, subsana en gran medida estos defectos. Para Waserman, “los denunciantes representan una salvaguardia democrática y ciudadana en nuestro estado de derecho, en particular en temas importantes como la lucha contra la corrupción, el daño ambiental o las cuestiones de las libertades individuales”.

Con este proyecto de ley, los diputados están decididos a ir más allá de la simple transposición de la directiva europea sobre denunciantes, que Francia debía ultimar antes de finales de 2021. Una de las principales innovaciones del texto proviene, no obstante, de la directiva y se refiere a la alerta a los tres canales de denuncia.

El canal interno, el canal institucional externo (autoridad administrativa, autoridad judicial u órdenes profesionales) y el de distribución pública. El denunciante solo puede utilizar el segundo canal. Solo en el caso de que no hubiera seguimiento por parte de la empresa o administración correspondiente se puede apelar a la divulgación a la prensa o al público. Se comprende fácilmente: el canal interno como requisito previo ha demostrado ser un freno.

En adelante, en los términos del proyecto de ley apoyado por el gobierno y escrutado por el Consejo de Estado, el denunciante tendrá la oportunidad de apoderarse del canal interno o del externo. La divulgación pública solo es posible si las autoridades no se han ocupado de la alerta en un plazo de seis meses, a menos que exista un peligro inminente. Por tanto, las empresas u organizaciones con más de 50 empleados y los municipios de más de 10.000 habitantes deberán adoptar un procedimiento interno de recogida y tramitación de informes.

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