El secretario general de la FeSP sostiene que no pretenden aclarar informaciones que consideren erróneas o perjudiciales, sino amedrentar a los periodistas.
El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, sostiene que la querella del cantante Julio Iglesias contra el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y cuatro periodistas de ese medio, y la que ha anunciado Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, contra el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, son un intento de amedrentar a esos profesionales para que no informen sobre ellos.
En un artículo de opinión publicado en el digital Encastillalamancha (ENCLM.es), titulado Julio Iglesias y el novio de Díaz Ayuso, contra el periodismo y contra el derecho a la información, escribe: «Cuando un personaje millonario, o poderoso por otros motivos, se querella contra unos periodistas porque no le gusta algo que han publicado o han dicho, o porque lo considera inexacto y perjudicial para él, no lo hace para aclarar los hechos. No. Si quisiera corregir lo erróneo de una información, les enviaría un escrito de rectificación, acogiéndose a la Ley Orgánica 2/1984 que regula ese derecho. Pero si interpone una querella y solicita penas de cárcel para los informadores, su objetivo está claro: amedrentar a esos profesionales para que no informen sobre él».
«Eso es lo que ha hecho el cantante Julio Iglesias, que se ha querellado contra el director de elDiario,es, Ignacio Escolar, y cuatro periodistas de ese medio; y eso es lo que ha anunciado Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, que se querellará contra el periodista Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, si no rectifica unas afirmaciones que hizo en TVE».
Dos extrabajadoras de Julio Iglesias le acusaron de acuso sexual
En el artículo se refiere a la denuncia interpuesta por dos extrabajadoras domésticas contra el cantante, al que acusan de acoso sexual, y la investigación que han realizado varios periodistas de elDiario.es durante tres años antes de publicar la información. Intentaron reiteradamente conocer la opinión de Julio Iglesias, pero no obtuvieron respuesta.
Jesús Maraña afirmó, en una tertulia en TVE, que ve una aparente doble vara de medir por parte de la Justicia y la diferente velocidad en la que son tramitados los asuntos en los juzgados, dependiendo de quién sea la persona acusada. Lo dijo en relación con una declaración en un juzgado, como testigo, de Alberto González Amador, y éste le ha pedido que le pida disculpas, rectifique en TVE y en infoLibre, le indemnice con 50.000 euros y se comprometa a no volver a difundir informaciones sobre él «falsas, difamatorias, vejatorias, injuriosas, calumniosas u ofensivas», algo que no hizo el periodista en sus reflexiones en la televisión pública».
Dos querellas contra periodistas con poco recorrido en los juzgados
«Los jueces resolverán en su momento sobre la querella de Julio Iglesias y la que ha anunciado González Amador -afirma Agustín Yanel en el artículo-. Pero, a la vista de los argumentos de ambos -y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la prevalencia del derecho a la información frente a otros, cuando el periodista recaba información que es de interés general con la diligencia profesional exigida, como han hecho los de elDiario.es-, no es nada aventurado decir que ninguna de las dos tendrá recorrido alguno en los juzgados».
«Los periodistas deben rectificar cuando se equivocan en una información, pero no se les puede pedir que dejen de informar sobre un tema de interés general, como pretende el novio de Díaz Ayuso. Las acciones legales emprendidas por Julio Iglesias y Alberto González Amador son un ataque al periodismo y al derecho a la información que tiene la ciudadanía, como han manifestado la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y otras organizaciones profesionales».
«Esos son dos casos claros de las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública -las SLAPP, por sus siglas en inglés Strategic Lawsuits Against Public Participation-. Son acciones judiciales que presentan grandes empresas, administraciones públicas o personas con poder para intentar acallar a medios de comunicación y periodistas, ong y activistas sociales».
«Esto preocupa tanto en Europa que el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en abril de 2024 una Directiva anti-SLAPP. Esa norma debería estar en vigor en todos los países de la Unión Europea desde el 7 de mayo último, pero que todavía no ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español. Lo mismo ocurre con el europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, una norma importante para la independencia del periodismo que debería estar en vigor desde hace más de un año pero el Gobierno no ha adoptado las medidas necesarias para ello».
Crédito de la imagen: eldiario.es
