También reclama un plan de la carrera profesional y publicar la idoneidad y remuneración de los directivos de libre designación
El diputado de Izquierda Unida Francisco Sierra, portavoz del grupo parlamentario Sumar en temas de Comunicación, propone que el Gobierno consulte al Consejo de Estado si es conforme a la Constitución y a la normativa de la Unión Europea la comisión de investigación sobre la gestión de RTVE que ha constituido el PP en el Senado. Su creación fue aprobada el 8 de abril, con los votos de la mayoría absoluta del PP, dos de Vox y la abstención de UPN. El resto de senadores asistieron a la sesión plenaria, pero no votaron porque ya existe la comisión mixta de control parlamentario Congreso-Senado de la radiotelevisión pública estatal.
Sierra, que firma esta proposición no de ley junto a Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU, quiere que el Consejo de Estado se pronuncie sobre «la posible afectación a la independencia de los medios públicos audiovisuales» de este tipo de comisiones de investigación y sobre «su uso instrumental para ejercer presión política o mediática contra RTVE y sus profesionales».
Grave precedente institucional
Afirma que esta comisión «representa un grave precedente institucional que amenaza con erosionar la independencia editorial de la Corporación y deteriorar la confianza ciudadana en el servicio público audiovisual». «Lejos de responder a una necesidad objetiva de fiscalización democrática, añade, fidcalfiscalizacidemocrática», añade, «supone una utilización partidista de las instituciones con el objetivo de tutelar, presionar y condicionar la actividad periodística de RTVE».
«Se trata de una estrategia de confrontación política que pretende convertir el control parlamentario en un mecanismo de alineamiento mediático, debilitando las garantías democráticas que deben proteger la autonomía de los medios públicos».
Francisco Sierra advierte en su petición que crear esa comisión es incompatible con el marco jurídico europeo, porque el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés de European Media Freedom Act), un acta que es de obligado cumplimiento, establece expresamente «la obligación de los Estados miembros de garantizar la independencia editorial de los prestadores públicos de servicios audiovisuales y de evitar cualquier forma de injerencia política directa o indirecta en sus decisiones informativas y de programación».» La instrumentalización de una comisión de investigación parlamentaria para cuestionar contenidos editoriales, señalar profesionales o construir sospechas infundadas sobre la labor periodística de RTVE vulnera el espíritu y la letra de dicha normativa europea», añade.
Crear el Consejo Estatal de Medios de Comunicación
El diputado pide que el Congreso inste al Gobierno a presentar, en el próximo periodo de sesiones, un proyecto de Ley de creación del Consejo Estatal de Medios de Comunicación, tal como establece el citado Reglamento Europeo; crear un grupo de trabajo, con expertos, profesionales, universidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, para elaborar propuestas legislativas sobre «el pluralismo mediático, la protección del servicio público audiovisual la lucha contra la desinformación y la garantía efectiva del derecho ciudadano a una información veraz y plural» y «un marco normativo estatal y europeo de protección de los profesionales de los medios públicos frente a campañas de intimidación, señalamiento y acoso político y mediático». Considera «especialmente preocupante» que esa «ofensiva institucional que encabeza el PP, de la mano de la extrema derecha de Vox», se produzca en un contexto en España, europeo e internacional que se caracteriza «por el auge de estrategias de desinformación y polarización».
«La defensa de RTVE no implica negar la necesidad de mejorar sus mecanismos de transparencia, pluralismo o gobernanza democrática. Muy al contrario: exige reforzar las garantías de independencia frente a cualquier intento de captura política, avanzar hacia modelos de gobernanza más profesionales y participativos y consolidar un auténtico derecho a la comunicación como elemento central de nuestra democracia», concluye el escrito.
Rentabilidad social como principio básico
En otra proposición no de ley, que también firma Francisco Sierra con Enrique Santiago, recuerda que RTVE debe conciliar «la rentabilidad social como principio básico, con la necesidad de acceder a la mayor audiencia posible, manteniendo los fines educativos, sociales e integradores del servicio público audiovisual».
«Para tener la mejor radiotelevisión pública es necesario tener a las mejores personas en los mejores puestos, y para ello es necesaria la transparencia», afirma en la proposición no de ley. Por eso, ante la convocatoria de nuevas plazas y oposiciones en RTVE, Sierra solicita que el Congreso inste al Gobierno a exigir a la dirección de RTVE una relación de puestos de trabajo detallada de toda la plantilla, un plan de carrera profesional para sus trabajadores, que haga públicos los criterios de pertinencia, idoneidad y competencia de los cargos de libre designación y sus remuneraciones.
Crédito imagen: RTVE
