Un informe elaborado por el Observatorio de Medios confirma lo que todo el sector sabe, que todo es a dedo y por partidismo.
Desde hace años la Federación de Sindicatos de Periodistas FeSP viene reclamando transparencia y equidad en la contratación de la publicidad institucional, por lo mismo, no le sorprende los resultados que arroja el informe sobre del Ranking de transparencia de la publicidad institucional de las CC AA 2024, elaborado por el Observatorio de Medios, presentado hace escaso días. El mimos nos confirma lo que desde años es un secreto a voces: “los medios regionales son más propensos a sufrir las presiones políticas que los medios nacionales”.
El Reglamento Europe de Libertad de los Medios de Comunicación, manoseado y desvirtuado por muchos medios y políticos, señala y ordena a los gobiernos nacionales, autonómicos y locales publicar el detalle del gasto en publicidad institucional destinado a los medios de comunicación. El reglamento señala que el mercado mediático actual “se ve falseado por la asignación opaca y poco equitativa de la publicidad estatal”. En su artículo 24 marca los criterios de transparencia en la concesión de este tipo de fondos públicos, así como un requerimiento a las autoridades públicas para que publiquen anualmente “información exacta, exhaustiva, inteligible y detallada sobre su gasto en publicidad asignado a los prestadores de servicios de medios de comunicación”.
El informe, señala en un artículo de “El País.com”, apunta que “los medios regionales son más propensos a sufrir las presiones políticas que los medios nacionales”. Y toma para esta clasificación de 2024 los criterios de los profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha Belén Galletero-Campos y Miguel Álvarez-Peralta, que estudian desde hace años el impacto de la financiación pública regional los grupos de comunicación españoles.
De este modo, el grado de medición de la transparencia en la materia se mide atendiendo a la visibilidad en las páginas web de las comunidades autónomas, su accesibilidad a dicho contenido por parte del usuario, la actualización de los datos y la “integralidad” de los mismos, concepto este último que atiende a lo “completa y exhaustiva” que sea la información sobre la publicidad institucional concedida.
Ante estos parámetros y otros indicadores de transparencia, el estudio presenta a Galicia y Cantabria como las únicas autonomías que no presentan ninguna información sobre su inversión en publicidad. Y se añade: “La comunidad de Cantabria cuenta con un apartado titulado ‘Campañas de publicidad y de promoción y comunicación institucional’ donde indica qué entiende por campañas publicitarias y los objetivos que ha de perseguir, pero al final del apartado aclara que la información se está elaborando y no proporciona datos”. Precisamente con fecha de actualización este miércoles, 17 de julio, ese mismo portal de transparencia de Cantabria ofrece datos correspondiente al año en curso y un enlace a ejercicios precedentes.
Entre los indicadores de transparencia que maneja el informe, el que más se toma en consideración es el relacionado con el desglose del canal, los medios seleccionados y el importe que han recibido como publicidad institucional. Este apartado lo cumplen “plenamente” las comunidades de Murcia, Castilla y León y Aragón, las cuales también encabezan por ese orden la clasificación sobre transparencia desarrollada en este análisis.
Además de esas tres comunidades consideradas como “transparentes” por el Observatorio de Medios, su trabajo otorga la categoría de “translúcidas” en la información que brindan sobre la publicidad institucional que contratan, por orden de mayor a menor grado de cumplimiento, al País Vasco, Extremadura, la Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña. Y quedan catalogadas como “opacas”, también por orden: Andalucía, Baleares, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Galicia, que cierra la clasificación. Las conclusiones del estudio reflejan “la necesidad de avanzar hacia una normativa que plantee exigencias comunes a todas las CC AA”.
El Observatorio de Medios también recuerda que la transparencia en la publicidad institucional debería proporcionar información sobre tres fases: la planificación, publicada a principios de año; la ejecución, con una memoria correspondiente; y la evaluación y medición del impacto publicitario y de la audiencia, “que debería ser realizada por una agencia externa independiente”.
Para descargar el informe: https://observatoriodemedios.org/investigacion/
