FEP y MFRR hablan de decisiones judiciales para impedir la publicación de información a cuatro medios de ese país.
La Federación Europea de Periodistas (FEP) junto a sus socios del programa Media Freedom Rapid Response (MFRR) han condenado las numerosas decisiones judiciales destinadas a impedir la publicación de información por parte de cuatro medios de comunicación belgas. Dicen que el regreso de la censura preventiva, prohibida por la Constitución belga, marca un alarmante deterioro de la libertad de prensa en Bélgica.
El 10 de octubre, el presidente del Tribunal de Primera Instancia de Lieja dictó una «orden de suspensión» para impedir la publicación de un artículo de interés público en el diario “Le Soir”. El artículo censurado trataba de las consecuencias jurídicas de una investigación sobre delitos fiscales que afectaba a Maxime Degey, un político local que se presentaba a las elecciones municipales del 13 de octubre y que será el próximo alcalde de Verviers (provincia de Lieja). Con el pretexto de una grave amenaza al “derecho al honor, a la reputación y al respeto de la vida privada” del candidato, el diario y el grupo Rossel fueron silenciados tres días antes de la votación. Además, la orden prohibía a los medios de comunicación divulgar los alegatos contra Degey, so pena de una multa de 50.000 euros en caso de incumplimiento.
Hace unas semanas, el Tribunal de Comercio de Bruselas, de habla francesa, se declaró competente para pronunciarse sobre la posible censura de una investigación del canal RTBF antes de su emisión. Se trataba de la investigación «Los agentes judiciales, el negocio de las deudas» para su programa «#Investigation», que denunciaba supuestas prácticas ilegales de los agentes judiciales. La empresa de agentes judiciales Leroy, mencionada en la investigación, había interpuesto una demanda para que se eliminara toda referencia a su nombre antes de la emisión, so pena de una multa de 50.000 euros, alegando prácticas comerciales desleales en virtud del Código de Comercio.
Aunque el tribunal dictaminó el 4 de septiembre que no había pruebas suficientes para demostrar la denigración, la remisión del caso al Tribunal de Comercio, que no es competente para pronunciarse sobre cuestiones de prensa, sentó un precedente peligroso. Al aceptar examinar una solicitud de censura preventiva de este tipo, el tribunal reconoce la posibilidad de que se utilice indebidamente el derecho comercial en nombre de prácticas desleales para silenciar la información crítica.
Otro procedimiento en curso, iniciado por el ministro del Interior belga, tiene como objetivo eliminar un total de cinco artículos del grupo Sudmedia sobre el escándalo de corrupción Qatargate e impedir que los medios del grupo cubran este tema en el futuro.
