La más de veinte organizaciones sociales y sindicales del sector audiovisual, que han rechazada esa ley por sus “devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática” reclaman la intervención obligada delConsejo Audiovisual de Andalucía.
El pasado 1 de abril más de veinte organizaciones sociales y sindicales del sector audiovisual, social enviaron una carta abierta al Presidente de la Junta de Andalucía para alertarle “de las devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática del Decreto Ley 2/20, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado por el Gobierno Andaluz”.
Las misma organizaciones se han dirigido, ahora, al Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) para hacerle conocer esas inquietudes y efectuarle las siguientes preguntas con solicitud de “respuesta urgente”:
– ¿Por qué el CAA no ha intervenido sobre las emisiones externalizadas de 29 emisoras públicas locales, algunas de ellas conectadas a emisoras comerciales y sobre las que ha sido informado y cuya información es pública? ¿No corresponde la actuación de oficio del CAA como instancia reguladora al servicio de la ciudadanía?
– ¿Cómo piensa el CAA que afecta la permisión de emitir publicidad comercial e institucional por emisoras que no cuentan con el preceptivo título habilitante?
– ¿Cómo cree el CAA que afecta la privatización de medios públicos al cumplimiento de la LAA en lo expresado en su artículo 19 que establece en su apartado “j” tender al equilibrio de reparto entre los prestadores privados, públicos y comunitarios? Y en el apartado “k” e “i” del mismo artículo ¿cómo afecta al fomento de la participación ciudadana en las emisiones y en la gestión asesora de los medios?
– ¿Cómo afecta la ausencia de contenidos locales en muchos municipios que ahora solo podrían recibir contenidos de emisión en cadena que no inciden en el conocimiento y en la participación social?
– ¿Cómo afecta la privatización a la defensa del patrimonio audiovisual andaluz respaldado en el artículo 20 de la LAA?
– La transposición de la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 obliga a los estados de la Unión a adaptar sus marcos audiovisuales a la nueva situación de competencia generada por la necesidad de regular las plataformas, pero al mismo tiempo aprovecha para recomendar a los países miembros nuevos límites y reglas frente a la concentración, así como la potenciación de las autoridades reguladoras (CAA) y su mayor independencia en la toma de decisiones. ¿Cómo valora el CAA la directiva europea frente a la pérdida de competencias previstas en el Decreto Ley 2/2020?
– ¿Cómo afecta el hecho de que los emisores no estén obligados a tener instalaciones para la producción de contenidos en el territorio de cobertura al que deben ir destinadas las emisiones? En este mismo sentido, ¿cree que esta medida puede contribuir a la creación de empleo en una comunidad con una alta tasa de personas desempleadas y en la que el sector de los medios locales públicos emplea actualmente a unos 600 profesionales? ¿No es contrasentido promover su privatización?
– ¿Tiene previsto el CAA la constitución del Consejo de Participación Ciudadana de Andalucía tal como prevé el artículo 12 de la LAA, órgano asesor adscrito al Consejo representativo del sector y la sociedad civil que podría haberse pronunciado ante el decreto?
– ¿Qué opinión le merece al CAA la modificación de la LAA en artículos esenciales sin que haya producido el desarrollo de los reglamentos correspondientes?
