Así lo considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y señala que el Estado debe proteger a los informadores que cubren una manifestación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han expresado su preocupación ante “el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad de Ecuador y la escalada de la violencia por parte de manifestantes. Ello, en el marco de protestas desarrolladas en distintos puntos del país contra una serie de medidas económicas anunciadas por el gobierno, que han resultado en un saldo de decenas personas de heridas, 477 personas detenidas y 31 periodistas agredidos. Asimismo, se reportaron dos personas que habrían perdido la vida mientras participaban en las protestas, sin que se hayan determinado aún las circunstancias.”
La CIDH hace una exhaustiva y datada recopilación de los hechos que le constan, defiende el derecho a la manifestación de la ciudadanía y culmina señalando:
El Estado tiene, asimismo, el deber de proporcionar la seguridad de los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública, así como garantizar que estos no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Los ataques contra periodistas y la destrucción o incautación de equipos de quienes cubren estas situaciones violan la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva.
La CIDH y su Relatoría Especial instan a las autoridades a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población. Asimismo, frente a las detenciones realizadas, la CIDH recuerda de la importancia de acompañamiento de Defensoría del Pueblo para verificar el estado de las personas detenidas; además de que se les garanticen los derechos a la seguridad, integridad y debido proceso.
Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado al dialogo para que los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias por la vía pacífica y con el máximo respeto a los derechos humanos, las instituciones democráticas y al Estado de Derecho.”
