Una veintena de organizaciones, entre ellas la FeSP y el SPA, piden una reunión urgente al presidente andaluz para recuperar el consenso que ha roto un decreto del Gobierno autónomo.
La recién creada Plataforma en Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía (PDCPA), integrada por 23 organizaciones del sector -entre ellas, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA)-, ha solicitado una reunión urgente al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para hablar sobre el decreto aprobado por el Gobierno y el Parlamento autonómico en abril que modifica varios artículos de la Ley Audiovisual de Andalucía (LAA).
El pasado 2 de abril, la Diputación Permanente del Parlamento andaluz convalidó el decreto ley 2/20, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado por el Gobierno andaluz. Votaron a favor PP, Ciudadanos y Vox, y en contra PSOE y Adelante Andalucía. Esa norma, que modifica 21 leyes y seis decretos, permite externalizar la producción de las emisoras de radio y televisión locales, incluidos los espacios informativos, y también que las emisoras pirata ilegales puedan difundir publicidad de empresas privadas e incluso institucional, entre otras cosas.
Las organizaciones integrantes de la plataforma han denunciado que ese decreto permite «que desembarquen empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas», y degrada el papel del Consejo Audiovisual Andaluz.
En la carta al presidente afirman que pone «en riesgo muchas conquistas básicas de la Ley Audiovisual de Andalucía», que fue elaborada con el consenso de todo el sector de la comunicación andaluz y aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico.
El Gobierno central ha recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional, que probablemente suspenderá su aplicación al menos durante cinco meses cuando lo admita a trámite, hasta que dicte la sentencia. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen, en el que indica que ve indicios de posible inconstitucionalidad en esa norma, porque presuntamente invade competencias que corresponden al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La PDCP ha pedido reunirse con urgencia con el presidente del Gobierno andaluz para «abrir un proceso de diálogo sobre el contenido del decreto 2/2020 en las materias que afectan al sector audiovisual, con el ánimo de recuperar el consenso alcanzado en torno a LAA. Un consenso que, entendemos, no se debe romper en una materia de tanta trascendencia como es el sector audiovisual y la comunicación, esenciales en la vida de los andaluces», concluye la carta.
Entre las organizaciones integrantes de la PDCPA, además de la FeSP y el SPA, figuran todas las Asociaciones de la Prensa de Andalucía, Colegio de Periodistas de Andalucía, FAPE, la Red Estatal de Medios Comunitarios, Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV), Facultades Facultades de Ciencias de la Comunicación de Málaga y Sevilla, Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y la plataforma Teledetodos
