La FeSP se suma a un manifiesto de la PDLI, en el que se pide una reforma urgente del Código Penal para derogar los delitos de opinión y que España se sitúe en los estándares internacionales.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), entre cuyos fundadores está la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ha elaborado un Manifiesto en defensa de la libertad de expresión y creación y el derecho a la protesta, al que pueden adherirse las organizaciones y personas que lo deseen. En él se insta al Parlamento a reformar el Código Penal para derogar los artículos que castigan los delitos de opinión.
En este manifiesto, al que se ha adherido la FeSP, se indica que la condena de nueve meses de cárcel impuesta al rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y las Fuerzas de Seguridad, por el contenido de las letras de sus canciones y unos mensajes que difundió por Twitter, constituye una clara vulneración de los Derechos Fundamentales y es contraria a los principios internacionales sobre libertad de expresión a los que España está sujeta.
Pablo Hásel se ha negado a ingresar voluntariamente en la cárcel en el plazo que le dio la Audiencia Nacional, por lo que hoy ha sido detenido y conducido a prisión, tras haber permanecido toda la noche encerrado en la Universidad de Lleida junto con un centenar de personas.
Defendemos que en el mundo de la creación artística y el activismo político la provocación extrema, desagradable y altamente ofensiva puede ser una forma legítima de ejercicio de la crítica política. Crítica que, por cierto, merece la máxima protección posible, aun en aquellos casos en los que se presente se forma cruda, desabrida e incluso bajo la forma de un discurso extremista, de acuerdo con la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos, se indica el manifiesto.
En el texto se recuerda que la ONU y la OSCE, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han establecido en numerosas ocasiones que los límites a la libertad de expresión deben establecerse de manera muy restrictiva, proporcional a la conducta y vinculados siempre a que los mensajes contengan claramente una intencionalidad de cometer delitos o supongan un riesgo para la seguridad de las personas.
Además de pedir al Poder Legislativo que modifique el Código Penal, en el manifiesto se pide al Gobierno que el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado actúen en este terreno de acuerdo con los estándares internacionales, sin perseguir contenidos culturales o mensajes en redes que no son peligrosos y sin solicitar penas desproporcionadas.
A principios de este mes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que el Gobierno tiene la intención de modificar el Código Penal para despenalizar varios delitos relacionados con la libertad de expresión. Por las mismas fechas, el grupo parlamentario de Unidas Podemos registró en el Congreso una proposiciòn de ley orgánica de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión.
Además de la PDLI y la FeSP, el manifiesto también lo suscriben Amnistía Internacional, Article 19, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende y la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), entre otras organizaciones.
Manifiesto y documento para firmarlo: http://libertadinformacion.cc/manifiesto-en-defensa-de-la-libertad-de-expresion-y-creacion-y-el-derecho-a-la-protesta-2/
