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El Estado debe indemnizar a la familia de José Couso por negligencia en la investigación de su asesinato

El TS considera que hubo “omisión de protección diplomática” ya que España se limitó “a dar por buenos los argumentos de Estados Unidos”. Aznar, Zapatero y Rajoy se callaron.

El Estado tendrá que indemnizar con 182.290 euros a la familia de José Couso, el reportero de Telecinco asesinado en 2003 durante la guerra de Irak, por no presionar a Estados Unidos para que investigara su muerte. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios ocasionados a la viuda y los hijos de Couso por la “omisión de protección diplomática”, un deber que, advierten los magistrados, eludió España.

El Estado, sostiene la Sala de lo Contencioso-Administrativo, “estaba obligado” a “hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos” y no debió “dar la callada por respuesta o limitarse a dar por buenos los argumentos” de Estados Unidos.”

Así lo señala la información del diario El País y agrega: La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Wenceslao Olea, rechaza el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra el fallo de la Audiencia Nacional, que reconoció el derecho a una indemnización de 99.430 euros para la viuda del cámara asesinado y 41.430 para cada uno de sus dos hijos.

La resolución de la sección quinta de lo Contencioso sirve para fijar jurisprudencia sobre cómo y cuándo los ciudadanos españoles pueden invocar la protección diplomática del Estado tras sufrir un daño por un delito cometido por otro Estado. Y los magistrados concluyen que la falta de auxilio por parte de la Administración puede generar una responsabilidad patrimonial del Estado, como ha ocurrido en este caso.

Los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección diplomática por parte de la Administración nacional, para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un hecho ilícito, conforme al Derecho Internacional, ocasionado directamente por otro Estado; siempre y cuando el propio perjudicado no haya podido obtener la reparación por los mecanismos de Derecho interno del Estado productor del daño, siempre que estén establecidos y sea razonable obtener un pronunciamiento expreso en tiempo razonable”, concluye el tribunal.

“Lo que no es admisible”, añade el Supremo, “es omitir cualquier acción que no sea la de dar por buenas las escuetas explicaciones dadas por las autoridades del Estado que ocasionó el daño, sino la búsqueda de una valoración objetiva de los hechos, con las consecuencias que resultaran procedentes”.

https://elpais.com/espana/2021-07-15/el-estado-tendra-que-indemnizar-a-la-familia-de-jose-couso-por-no-presionar-a-ee-uu-para-que-investigara-su-muerte.html?prm

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