El Monitor de Pluralismo Mediático dice que, aunque están legalmente reconocidos, no se han adoptado medidas para que sean sostenibles y estables.
El Media Pluralismo Monitor (MPM, Monitor de Pluralismo Mediático) ha señalado en su último informe que España debe «implementar completamente las leyes existentes, reservando espectro radioeléctrico» para los medios comunitarios, «estableciendo un mecanismo de financiación dedicado y estable que apoye su sostenibilidad,asegurando que las voces locales no sean silenciadas por emisoras comerciales o piratas».
El MPM es una herramienta que ha desarrollado el Centro para el Pluralismo de los Medios y la Libertad de Prensa, utilizada para evaluar los riesgos que existen para los medios de comunicación en los países miembros de la Unión Europea y países candidatos. Realiza sus informes en colaboración con distintas universidades y, para ello, tiene en cuenta variables legales, políticas y económicas.
En su último informe, correspondiente al año 2024, llama de nuevo la atención sobre la delicada situación en la que se encuentran los medios comunitarios en España, porque están abandonados por las administraciones públicas: ni reservan frecuencias del espectro radioeléctrico para que emitan ni existen mecanismos específicos que garanticen su financiación y sostenibilidad.
Tal y como viene denunciando desde hace muchos años la Red de Medios Comunitarios (ReMC), el MPM indica en su informe que, pese a que los medios comunitarios están reconocidos legalmente en España, las administraciones públicas no han implementado la reserva del espacio radioeléctrico.
“Las administraciones reconocen la existencia de estos medios y los incluyen en sus registros para una posible concesión de licencia futura. Sin embargo, en la práctica, mientras no se libere el espacio radioeléctrico necesario y no se desarrolle un plan técnico que los reconozca formalmente, estos medios permanecen en un estado de limbo legal. Esta falta de seguridad regulatoria los coloca en una posición vulnerable, ya que su continuidad depende únicamente de la buena voluntad de las administraciones», afirman en el informe.
«Por otro lado, la promoción económica de estos medios tampoco se ha realizado. En España no existe un mecanismo específico para su financiación. Aunque puede ser posible el acceso a ciertos proyectos o subvenciones ocasionales, no se ha establecido un sistema de apoyo dedicado para este sector. Desde un punto de vista legal, esta situación genera un estado de incertidumbre.»Debido a esa situación, según el informe, la salud de la inclusión social en España está en un nivel de riesgo medio-alto, porque no se garantiza la representación en los medios «de comunidades marginadas como las minorías lingüísticas y el pueblo gitano, una implementación insuficiente de la legislación sobre igualdad de género y esfuerzos incompletos en la educación sobre alfabetización mediática».
Informe completo: enlace.
