La Asociación de Usuarios de la Comunicación señala en un comunicado que el Parlamento andaluz ha aprobado medidas «de dudosa legalidad» y que con ellas «incentiva la gestión privada de la radio televisión local»
La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha mostrado su preocupación por «el desmantelamiento que para el servicio público de comunicación audiovisual en Andalucía» puede suponer el decreto ley 2/2020, recientemente aprobado por la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. Esa norma «parte de un diagnóstico erróneo de las dificultades que arrostran las radios y televisiones locales en la comunidad autónoma; ignora aspectos básicos del servicio público audiovisual, y aprueba unas medidas, de dudosa legalidad en algunos casos, que, con la excusa de la ‘eliminación de trabas burocráticas’, acometen una desregulación del sector que sólo puede suponer la precarización profesional y el desmantelamiento del modelo comunicativo público andaluz. Un modelo que, con sus carencias, supone un referente para el resto del Estado».
Este pronunciamiento de la AUC coincide con el que hicieron a primeros de abril una veintena de organizaciones -entre ellas, el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)-, que han expresado su rechazo a ese decreto ley por sus «devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática».
En su comunicado, la AUC indica que el decreto ley «incentiva la gestión privada del servicio público de radiotelevisión local, ofreciendo facilidades que abaraten costes y aligeren requisitos de cara al negocio audiovisual. Así, se permite la externalización total de la producción, incluida la de los contenidos informativos, que constituyen la columna vertebral y la garantía fundamental del cumplimiento de los principios y de la misión de ese servicio público. No se garantiza ya que esos contenidos deban ser realizados por profesionales propios».
Esta organización, dedicada a defender los derechos de la ciudadanía como usuaria de los diferentes medios y sistemas de comunicación, denuncia que esa norma «desvincula el servicio audiovisual local de su principal rasgo de identidad: la programación de proximidad». Tras este “decretazo”, añade, «la Ley Audiovisual no obliga ya a los prestadores del servicio a contar con un centro de producción ni con profesionales que desarrollen su actividad en el ámbito de cobertura, lo que en la práctica puede convertir a los medios locales en meros redifusores de contenidos televisivos o radiofónicos foráneos, con un objetivo fundamentalmente comercial».
«Esa falta de arraigo territorial es especialmente llamativa en el caso de los medios comunitarios, a los que se desnaturaliza y a los que se despoja de su razón de ser, puesto que no contar con esos centros de producción hace impensable el ejercicio del derecho de acceso y la colaboración de las asociaciones y grupos sociales locales.»
También es muy preocupante, añade la AUC, el hecho de que «desde la Administración se amparen prácticas ilícitas y fraudulentas, permitiendo que las emisoras de radio y los canales de televisión que desarrollan su actividad sin el preceptivo título habilitante, o sin haber cumplido el requisito de información previa, puedan difundir comunicaciones comerciales con absoluta impunidad».
Con esta norma, «los anunciantes y agencias de publicidad, que hasta ahora se consideraban colaboradores necesarios de ese acto ilícito, quedan exonerados de cualquier responsabilidad infractora, en contra de lo establecido por la legislación audiovisual europea o de la existente en otros ámbitos como el juego o la propiedad intelectual».
La AUC ha expresado su preocupación porque las medidas que se establecen en ese decreto ley «no plantean cuáles son los problemas que afectan a la viabilidad de las radios y televisiones locales andaluzas públicas y comunitarias, ni tampoco avanzan en el desarrollo de un modelo audiovisual sostenible, acorde con el nuevo entorno digital. Por el contrario, vacían parcialmente de contenido la legislación autonómica en este ámbito, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico en 2018. Y limitan las competencias del Consejo Audiovisual de Andalucía, uno de los dos únicos órganos de regulación que nos acercan a lo que es común en todos los países europeos».
