UPCC, el sindicato de la FeSP que le demandó en 2013 para defender el servicio público de radiotelevisión, muestra su satisfacción por la sentencia.
El exdirector general de Radio Televisión Canaria (RTVC) Guillermo Valentín García Machiñena, conocido como Willy García, ha sido condenado por un delito continuado de prevaricación a cuatro años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El empresario Francisco Padrón, con el que firmó contratos de manera irregular para ayudarle a pagar sus deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, ha sido condenado por el mismo delito a inhabilitación especial durante dos años y dos meses.
La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), el sindicato de la FeSP en esa comunidad autónoma que presentó la demanda contra Guillermo García en el año 2013, ha mostrado su satisfacción por esta sentencia, que le da la razón y ha probado todas las irregularidades que cometió Guillermo García durante su mandato al frente de RTVC. La condena ha sido posible gracias a que UPCC presentó una demanda y a Izquierda Unida, que ha intervenido en este pleito como acusación popular. Al haber transcurrido tantos años sin que el retraso sea achacable a los acusados, el fiscal ha rebajado su petición de penas y ambos han aceptado esa condena para eludir la prisión.
La magistrada Lara Etelvina López Jiménez, del juzgado de lo penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife, relata pormenorizadamente en la sentencia los contratos que firmó Guillermo García con Francisco Padrón, entonces propietario de la empresa Canal 7 del Atlántico SA y la productora Amanecer Latino. No siguió el protocolo de actuación que él mismo había establecido para comprar programas, no comprobaron si reunían la calidad necesaria y muchos no fueron emitidos.
El entonces director de RTVC firmó esos contratos, cuyo coste total ascendió a dos millones de euros, para que Francisco Padrón pudiera pagar sus deudas con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria, organismos que habían embargado los cobros que ese empresario pudiera percibir de esa empresa pública de radiotelevisión..
En un primer contrato, Guillermo García encomendó a la productora Amanecer Latino dos series de 27 capítulos por importe de 312.380,95 euros, Después se concertó con Francisco Padrón para seguir encargandole programas con los que pudiera pagar sus deudas. Así, en solo siete meses firmó cinco contratos idénticos en los que solo cambiaba el nombre: «Valores del deporte canario», 52 capítulos de 30 minutos por 328.000 euros; «Promesas del deporte canario», 52 entrevistas por el mismo coste; «Glorias del deporte canario», por el mismo coste; «Protagonistas del deporte canario», 78 entrevistas por 492.000 euros, y ampliación en 26 capítulos del programa «Valores del deporte canario» por 163.000 euros.
La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha indicado en un comunicado: «La sentencia da la razón a lo argumentado por UPCC e IU, que señalaban el beneficio económico obtenido por diversas empresas, siempre sin cumplir los criterios de eficacia, eficiencia y economía en la contratación pública como había alertado la Audiencia de Cuentas. En el momento de presentar la demanda, UPCC denunciaba que esas actuaciones ilegales iban en línea con la polémica gestión de García al frente del RTVC, priorizando siempre intereses políticos y empresariales por encima de los intereses de sus propios trabajadores y del conjunto de la ciudadanía.
La constante labor de UPCC en defensa del periodismo en Canarias y, en concreto, del buen funcionamiento de la RTVC y las condiciones laborales de sus profesionales, fue sin embargo criticada por diversos partidos políticos. El sindicato, señalado por partidos pero también por diversas empresas de la comunicación, ha tenido que hacer frente a la agresividad de unos propietarios que sistemáticamente han vulnerado los derechos de los trabajadores.
La sentencia supone un respaldo a la labor que durante tantos años ha realizado este sindicato y un impulso para retomar una mayor presencia en el panorama de la comunicación de Canarias, donde ha sido la única voz, de carácter regional, que ha defendido tanto las cuestiones laborales como profesionales del periodismo, poniendo a los trabajadores y trabajadores por delante de los intereses políticos y empresariales».
