La directora de “Público”, Virginia P. Alonso, aclara el porqué de la oposición de algunos al Plan de Acción por la Democracia.
La anunciada implantación de las normas obligadas por el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que es de obligado cumplimiento por todos los estados miembros y cuya implantación tiene como límite agosto de 2025 ha despertado una serie de despropósitos de quienes parecen no haber leido el documento de referencia. Como es lógico también han surgido opiniones más informadas que tratan de ilustrar a la ciudadanía.
Una de estas está expresada por la directora de “Público”, Virginia P. Alonso que ha publicado en ese medio el artículo titulado “Con la prensa hemos topado”. En este señala que “A la prensa conservadora no le ha gustado ni un pelo el Plan de Acción por la Democracia aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Les escuecen las medidas que afectan a los medios de comunicación y lo gritan a los cuatro vientos, aunque omiten que la inmensa mayoría están recogidas en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros de la UE y de aplicación casi inmediata.
Dicho Reglamento entró en vigor en el mes de abril y fue aprobado en el Parlamento Europeo con 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones. Pero las cabeceras ofendidas (ofendiditas, que diría Lucía Lijtmaer), sólo se dieron por enteradas de su existencia cuando Pedro Sánchez empezó a hablar de «pseudomedios» y de regeneración democrática, el pasado junio y, sobre todo en julio, coincidiendo con el anuncio de su plan en el Congreso.
Parece que uno de los motivos de tanto escozor es la «creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben». Sin embargo, una vez más, es el Reglamento Europeo es el que establece la necesidad de que cada medio haga públicos esos datos y la puesta en marcha de ese registro a modo de «ventanilla única»; aunque el texto europeo habla de «ingresos publicitarios procedentes de autoridades o entidades públicas» y no de «inversión publicitaria» en general, como se recoge en el aprobado por el Gobierno. Esta es una de las grandes contradicciones en las que vive el sector de los medios: reclama transparencia para los demás y se opone a ofrecerla sobre sí mismo.
Pero no nos engañemos, lo que realmente preocupa a los ofendidos son, sobre todo, otros dos asuntos que el Reglamento no recoge de forma explícita: «la introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas»; y la «reforma de la Ley de Publicidad institucional para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad».
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