Más de tres decenas de organizaciones sociales quieren abrir un debate ciudadano para que el Derecho a la Comunicación esté consagrado en la próxima carta constitucional chilena.
El pasado septiembre se anunció el nacimiento del Bloque por el Derecho a la Comunicación en Chile; según expresan las organizaciones fundadores se trata de “una articulación de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, espacios académicos y universitarios, redes de periodistas y comunicadores y colectivos, cuyo propósito es abrir el debate e incidir en el actual contexto, para que el Derecho a la Comunicación esté consagrado en la próxima carta constitucional de este país”.
Entre las casi tres decenas de organizaciones fundadoras se hallan: Colegio de Periodistas de Chile, Observatorio del Derecho a la Comunicación, Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, varios canales de radio y TV universitarios y varias facultades de comunicación
Los integrantes del Bloque solicitan “la creación de un sistema medial que se exprese a través de un marco legal que incluya una ley de medios, que de manera eficaz regule la indebida concentración de la propiedad de los medios limitando, para promover el pluralismo”.
Asimismo, solicitan, entre otras medidas que bebería garantizar la nueva constitución chilena:
– Distribución equitativa de la publicidad estatal, en especial para medios regionales e independientes.
– Avanzar en políticas que permitan garantizar el acceso y distribución equitativa del espectro radioeléctrico, resguardando su valor como bien público.
– La existencia de medios públicos, regionales, locales y comunitarios.
– Garantizar el derecho a Internet como un derecho humano, enfatizando su arquitectura abierta, descentralizada y libre de censuras, bloqueos y restricciones, y garantizando principios de seguridad, privacidad y protección de datos.
Avanzar en políticas que garanticen el acceso, uso y apropiación de Internet y tecnologías digitales de comunicación e información, grupos sociales y, comunidades excluidas y discriminadas, como las mujeres, localidades rurales, personas con discapacidad, entre otras y otros.
– Se garantice una televisión pública, educativa y cultural.
– Se fomente una industria audiovisual emergente.
– Medios de Comunicación con pertinencia cultural para pueblos originarios y
que pongan en el centro el desarrollo de un periodismo ético, con enfoque de derechos humanos y de género, interseccional y feminista.
– Promover un periodismo que respete los derechos de las mujeres, que no reproduzca la violencia simbólica y que avance por Medios No Sexistas.
– Transparencia en relación con la propiedad de las empresas informativas, sus inversionistas y las fuentes de ingresos
– Participación de la sociedad civil en la promoción y ejecución de las medidas para fomentar el pluralismo mediático.
– Protección de la labor de periodistas ante interferencias ilegítimas mediante la introducción de garantías como los consejos de informativos y la cláusula de conciencia.
– Garantizar la independencia y pluralidad de los organismos que regulan el sector de los medios de comunicación.l.
– Representación y visibilización del sistema de comunicación de los Werkenes Mapuche, (Consejos de esos pueblos) como también el desarrollo y fortalecimiento de medios de comunicación con pertinencia cultural para pueblos originarios.
