El Parlamento Federal ratificó el pasado 21 de mayo la norma que ha sido recibida muy positivamente por las asociaciones profesionales del país.
El 21 de mayo, el Parlamento Federal aprobó la ley «anti-SLAPP», cuyo objetivo es proteger a los periodistas y, en general, a quienes participan en el debate público, frente a procesos judiciales abusivos o manifiestamente infundados, según informa en su página web L’Association de Journalistes Professionels (AJP). Presentada por la ministra de Justicia, Annelies Verlinden, esta ley transpone la Directiva europea 2024/1069 relativa a la protección de las personas que participan en el debate público frente a las «acusaciones estratégicas que distorsionan el debate público», adoptada en 2024, con fecha límite de transposición el 7 de mayo de 2026.
El sindicato belga considera que «son buenas noticias ya que la transposición belga es, en general, ambiciosa y ofrece una sólida protección a los periodistas».
La participación de la sociedad civil en el proceso legislativo –numerosas partes interesadas y organizaciones de base, como el grupo de trabajo anti-SLAPP, la AJP, la VVJ y el Instituto Federal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, aportaron propuestas, preguntas y consultas– ha propiciado, sin duda, una de las transposiciones más progresistas de Europa, según la FEP. Esta amplia participación democrática es destacable, sobre todo teniendo en cuenta que algunos Estados europeos han sido mucho más discretos en sus procesos de transposición (sesiones a puerta cerrada, falta de consulta con las partes interesadas, etc.).
Una transposición amplia
Por razones de jurisdicción, la Directiva preveía un marco de protección mínimo, limitado únicamente a los procedimientos civiles (excluidos los penales), e incluía un elemento transfronterizo (a excepción de los procedimientos puramente nacionales). No obstante, las recomendaciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa instaron a los Estados a ampliar estas garantías para proteger concretamente el debate público.
De hecho, se estima que solo el 8,5 % de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) tienen un componente transfronterizo: la gran mayoría de los procedimientos abusivos contra periodistas son, por lo tanto, nacionales o incluso exclusivamente locales. La AJP había destacado, en su dictamen presentado al ministro, la necesidad de incluir estos procedimientos en el ámbito de aplicación de la ley.
La ley belga aumenta la protección
Siguiendo las recomendaciones europeas y de las asociaciones, la legislación belga extiende la protección a los procedimientos civiles nacionales. Esta es una excelente noticia. Sin embargo, no se aplica a los procedimientos penales, a pesar de las solicitudes de quienes trabajan en este campo. No obstante, si bien las (amenazas de) procedimientos penales son una realidad en Bélgica (recordemos, en particular, las recientes amenazas del Sr. Eerdekens contra la periodista Melanie De Groote), la mayoría de las acciones contra periodistas en Bélgica son de índole civil. El Ministro no ha descartado formalmente la posibilidad de extender la protección legal a los procedimientos penales en una etapa posterior. Este será el próximo tema a tratar.
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