La decisión de instituir como «servicios públicos» a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión de pago, provoca la reacción de las empresas y el respaldo parcial de expertos en comunicación como Damián Loreti.
El Gobierno argentino ha provocado la inmediata reacción de empresas como Telecom, Cablevisión, Fibertel, Telefónica, Claro, Telecentro, ante el anuncio de su intención de recuperar algunos aspectos de la llamada “Ley de Medios” derogada por el ejecutivo de Mauricio Macri.
Como se recordará, esa ley regulaba aspectos esenciales para garantizar el derecho a la información y fue elogiada por varias organizaciones internacionales; entre ellas, la Federación Internacional de Periodista (FIP), a la que pertenece la FeSP:
En concreto, el presidente argentino Alberto Fernández acaba de instituir como «servicios públicos» a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión de pago con el fin de garantizar el acceso a ellos de toda la población: «de esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado”.
Con esa capacidad recuperada la primera medida ha sido la suspensión de aumentos en dichos servicios hasta el 31 de diciembre, cuando ya las prestadoras los habían anunciado.
Damián Loreti jefe de la cátedra de Derecho a la Información de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y redactor de la Ley de Medios, se manifestó hoy «de acuerdo» con la calificación de servicio público dispuesto por el Gobierno para la telefonía celular y fija e Internet, pero advirtió que en el caso de la televisión paga «debería respetarse la regla de servicio de comunicación audiovisual».
«Me parece bien, estoy de acuerdo», manifestó el especialista en declaraciones a Télam sobre la decisión del Gobierno de definir como servicio público a la telefonía celular y fija e Internet.
Loreti, en cambio, dijo que en el caso de la televisión de pago, también comprendida por el decreto presidencial como servicio esencial, «debería ampliarse a los servicios por catálogo, como se hizo en Europa, eso permitiría fortalecer la industria audiovisual argentina, el pluralismo, la diversidad.
Para mi debería volverse a la regla de servicio de comunicación audiovisual en el marco de la TV por cable o del vínculo radioeléctrico y ampliar el alcance de servicio de comunicación audiovisual al modelo europeo, donde entran contenidos que se ofrecen por catálogo«, expresó.
El experto, que participó en la redacción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en 2008 y 2009, recordó que «antes del gobierno de Mauricio Macri, cuando existía la Ley de Medios, llamada de Servicio de Comunicación Audiovisual, la televisión por cable era como un servicio cultural o educativo, protegido por la convención de diversidad cultural de UNESCO.
Eso establecía que el cable tuviera ciertas obligaciones de programación, como por ejemplo la grilla o la obligación de pasar los canales abiertos de cada lugar», explicó Loreti y sostuvo que «había una regla de abono social, con contenidos mínimos».
En ese sentido, destacó que «todo eso, el gobierno de Macri, con el decreto 267, lo derogó y mandó a la televisión por cable y a la televisión cerrada por vínculo radioeléctrico, lo que se llamó los Servicios Multicanal de Distribución Multipunto los mandó a la consideración de servicio TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación)».
Loreti, en ese contexto, aclaró que «una cosa son los celulares, que son servicios de conexión, que no están amparados por las reglas de UNESCO, y otra cosa son los servicios de comunicación audiovisual por vínculo físico, como el cable.
A mi me parece que una buena solución para que Argentina vaya a un proceso de soberanía cultural, promoción de industria audiovisual, defensa de contenidos locales, incentivo a la producción, es devolverle la condición de servicio de comunicación audiovisual a la televisión por cable», opinó.
Asimismo, manifestó que «no estoy a favor de mantener a los servicios de televisión por cable adentro de las reglas de las licencias genéricas de tecnología de la información y de la comunicación».
