La presidenta de la Asociación Stop Violencias había solicitado ante el mismo organismo la despenalización del aborto y mayor protección de los derechos reproductivos de mujeres y niñas en ese país.
Amnistía Internacional ha informado que este 17 de febrero, Vanessa Mendoza Cortés – presidenta de la Asociación Stop Violencias- hubo de concurrir a declarar ante la jueza, por los cargos de difamación contra ella presentados por el Gobierno de Andorra.
Estos cargos han sido formulados después de que ella aprovechara su intervención ante el foro de personas expertas de la ONU para pedir la despenalización del aborto en Andorra y mayor protección de los derechos reproductivos de mujeres y niñas. Andorra es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto todavía está prohibido en todos los casos.
Procesar a una respetada defensora de los derechos humanos por su legítima labor y participación en una reunión de un organismo especializado de la ONU es un acto de intimidación indignante, y un intento de amordazar la libertad de expresión, ha manifestado Monica Costa, responsable de campañas de Amnistía Internacional.
En lugar de ser penalizada por su defensa de los derechos de mujeres y niñas, Vanessa Mendoza Cortés debería recibir ayuda para realizar su trabajo.
El gobierno de Andorra presentó una denuncia penal por acusación falsa alegando que su prestigio y buen nombre habían quedado en entredicho. Vanessa Mendoza Cortés fue acusada formalmente en 2020, y para ello la fiscalía se basó en el informe que había presentado ante el organismo de la ONU. Los cargos en su contra conllevan duras penas, incluida una de hasta cuatro años de prisión, y multas de hasta 30.000 euros.
