Veintidós ONG humanitarias de todo el mundo renuevan su demanda de justicia a la ONU y al Reino de Arabia Saudita por el horrible crimen.
El 2 de octubre de 2018, Jamal Khashoggi ingresó al consulado saudí en Estambul para obtener documentos oficiales para casarse, pero no logró salir con vida. Fue brutalmente asesinado dentro del consulado en lo que el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, calificó como un «asesinato extrajudicial premeditado» del cual es responsable el estado del Reino de Arabia Saudita.
Veintidós ONG han firmado un manifiesto en el que llaman a la comunidad internacional, y en particular a la ONU, para:
– Tomar medidas para garantizar que se abra una investigación criminal más imparcial, rápida, exhaustiva, independiente y efectiva sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi;
– Asegurarse de que todos los autores del delito, incluidos los que están al frente de la cadena de mando, sean identificados y procesados en un juicio justo y transparente sin recurrir a la pena de muerte;
– Establecer una moratoria inmediata sobre todas las ventas de armas y exportaciones de tecnología de vigilancia a Arabia Saudita;
– Firmar conjuntamente la declaración conjunta encabezada por Australia en nombre de 23 Estados miembros de la ONU antes del 11 de octubre;
– Presentar y respaldar una resolución de la ONU que establezca un mecanismo de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en Arabia Saudita; y
– Instar a las autoridades de Arabia Saudita a implementar las recomendaciones que damos a continuación.
A las autoridades de Arabia Saudita que:
– Devuelva los restos del cuerpo de Khashoggi a su familia;
Invite a expertos internacionales independientes para supervisar las investigaciones sobre su asesinato;cooperar de buena fe con todos los mecanismos de la ONU; y asegurar que los responsables de su muerte sean llevados ante la justicia;
– Liberar inmediata e incondicionalmente a todos los defensores de los derechos humanos, escritores, periodistas y presos de conciencia en Arabia Saudita cuya detención es el resultado de su trabajo pacífico y legítimo en la promoción y protección de los derechos humanos fundamentales;
– Establecer una moratoria sobre la pena de muerte, incluso como castigo por delitos relacionados con el ejercicio de los derechos a la libertad de opinión y expresión, y reunión pacífica;
– Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores de los derechos humanos y periodistas en Arabia Saudita puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos y la presentación de informes públicos sin temor a represalias; y
– Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y hacer que todas las leyes nacionales que limitan los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación cumplan con las normas internacionales de derechos humanos.
